Unos 56 policías de la provincia de Córdoba serán juzgados desde el lunes como presuntos autores del acuartelamiento policial que ocurrió en diciembre de 2013 a partir de un reclamo salarial, que dejó como saldo un muerto, más de dos centenares de heridos y numerosos comercios saqueados.
El debate oral y público comenzará a las 9.30 del lunes en la sala de audiencias del edificio de Tribunales II, con la presencia de 12 oficiales y 44 suboficiales que deberán responder ante el tribunal de la Cámara 12º del Crimen.
Los policías están acusados de ser los principales instigadores de la revuelta en distintas dependencias y distritos policiales de Córdoba, y pesan sobre ellos los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de los caudales públicos e incitación de cometer delitos".
El proceso de enjuiciamiento, con la participación de jurados populares, estará a cargo de los jueces Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Mario Capdevila, en tanto que la acusación será responsabilidad de los fiscales Carlos Antuña y Raúl Garzón, con la participación de 12 abogados defensores.
Entre los fundamentos de las acusaciones realizadas en la etapa de instrucción, ratificadas por las instancias superiores, se destaca que el amotinamiento policial generó el "cese de la actividad preventiva", ante lo cual la ciudad de Córdoba quedó liberada para la sucesión de "hechos delictivos que empezaban a perpetrarse" en distintos puntos de la capital mediterránea.
"La no operatividad y el quite de colaboración de los móviles y de las redes de comunicaciones policiales fueron acciones de inconmensurable falta de responsabilidad funcional", se señaló.
También cuestionaron a los policías por utilizar reclamos salariales para "dejar desprotegidos a los ciudadanos de sus bienes y de sus familias ante el vandalismo generalizado que se apropió de las calles en esas nefastas y tristes horas" del 3 y 4 de diciembre de 2013.
En la madrugada de ese 3 de diciembre, los efectivos de los Comandos de Acción Preventiva (CAP), de distintos distritos, realizaron un quite de colaboración en la red de comunicaciones y levantaron la ronda de móviles policiales, para luego convocar al acuartelamiento que implicó la ausencia total de policías en las calles de Córdoba.
El vandalismo y los saqueos se apoderaron de las calles, situación que obligó al entonces gobernador José Manuel de la Sota a adelantar su regreso a la provincia desde Panamá, donde se encontraba en tránsito hacia una misión oficial a Colombia.
Luego de 36 horas de negociación la situación se pudo controlar con la presencia de 1.200 efectivos de Gendarmería Nacional, enviados por el Gobierno nacional para patrullar las calles.
El conflicto provocó la muerte de Javier Rodríguez -de 20 años-, quien fue alcanzado por un disparo de arma de fuego durante los saqueos en Villa Ciudad Evita, y además se registraron más de 200 heridos, así como numerosos comercios y viviendas particulares saqueadas por el vandalismo oportunista.
