La justicia federal de Córdoba ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Carlos Alberto Dini, quien se desempeño hasta fines de 2019 en Córdoba como delegado de la Administración Nacional de Materiales Controlados (Anmac-exRenar) por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, informaron fuentes judiciales.
Dini, quien cumplió funciones desde julio de 2016 hasta el final de la gestión del Gobierno anterior, está sindicado como presunto autor responsable en cinco hechos, entre ellos el de fraguar y alterar documentaciones administrativas para emitir credenciales de portación y tenencia de armas, además de no registrar los valores que cobraba por trámite y estampillados.
También se habría apoderado de chalecos balísticos que había solicitado, en calidad de préstamo, a la Policía de la Provincia de Córdoba, y habría ordenado falsificar sellos oficiales de organismos públicos, de juzgados y funcionarios, tanto nacionales como provinciales.
La denuncia en contra del extitular local de la Anmac -ex Registro Nacional de Armas (Renar)- fue promovida por auditores nacionales y luego de la investigación llevada por el fiscal federal Enrique Senestrari, el juez federal 3 de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, resolvió este miércoles la imputación y prisión preventiva, además de trabarle un embargo por $1.000.000.
Dini se encuentra detenido en la ciudad de Córdoba desde el 30 de julio y, según la hipótesis que contiene la resolución judicial, tanto las armas que autorizó para tenencia y portación, al igual que los chalecos antibalas "pueden estar en poder de personas que los utilicen con fines ilícitos, por ejemplo podría ser el caso en que se estén utilizando para blindar a una banda de delincuentes".
Esa inferencia surge a partir de que, si bien en la planilla de reincidencias "no surge que Dini tenga antecedentes computables", si "posee una frondosa planilla prontuarial de antecedentes como robo, hurto, estafa, delitos económicos, daños, lesiones leves, amenazas calificadas y agresiones".
A lo que se agrega que en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) se declara de profesión abogado, dato que "no condice con el informe socio ambiental", y en la declaración indagatoria afirmó que no tenía estudios universitarios.
