Un hecho que no pasó desapercibido en Concordia fue el megaoperativo de Gendarmería en la mañana del martes en donde realizaron 22 allanamientos en la zona que arrojaron como resultado cuatro personas detenidas y nueve supeditadas a la causa.
Según lo que se publicó en la web oficial del Gobierno nacional, “la organización se dedicaba a falsificar certificados médicos, inscribir a ciudadanos que no tenían problemas de salud o no cumplían con los requisitos para recibir ese beneficio estatal”.
También informaron que las aprehensiones fueron llevadas a cabo por personal del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (GOIP) dependiente del Escuadrón 4 y precisaron que se “efectuaron 20 allanamientos en domicilios particulares en Concordia (excepto uno que fue en la localidad de Aldea Brasilera y en Concepción del Uruguay) y las inspecciones de un Organismo estatal y una organización de asistencia y servicios para personas con discapacidad”.
La investigación fue impulsada por el Juzgado Federal de la ciudad y llevada a cabo por el GOIP, cuyos trabajos de indagación duraron 10 meses en donde pudieron reunir la información necesaria, realizar tareas de campo y búsquedas en bancos de datos que permitieron “identificar a punteros barriales, personal médico y líderes de la organización”.
En los allanamientos, entre otros documentos, hallaron libros de actas, prescripciones médicas, comprobantes de pago y transferencias, certificados de evaluación de discapacidad, la suma de 4.447.110 pesos y armamento que constó de cuatro rifles, tres revólveres y 195 municiones de diversos calibres. Además, localizaron la posesión de cocaína, marihuana y tres plantas, 28 celulares, 18 computadoras, pendrives y otros dispositivos tecnológicos con información de interés para la causa.
Piden la eximición de prisión de los detenidos
El abogado defensor de tres de las cuatro personas detenidas Martín Jauregui adelantó este miércoles a Diario Río Uruguay que solicitaría a la Justicia la eximición de prisión de los involucrados en la indagatoria de este jueves por la mañana.
“No depende de nosotros, pero según el Código Penal Federal, en principio, entendemos que estamos encuadrados como para pedir mañana la libertad de nuestros defendidos”, explicó y comentó que “después se tendrá que seguir la investigación y habrá diez días para que se resuelva la situación procesal”.
Sobre la situación de sus defendidos aclaró que “como se presentan, están a derecho y no hay riesgo de entorpecimiento ni de fuga, entendemos que el instituto mencionado es aplicable plenamente y no están encuadradas las restricciones que ameritarían una denegatoria de nuestro pedido”.
Situación procesal
En diálogo con el medio entrerriano, Jauregui contó que “la imputación es falsificación de instrumento público y defraudación al Estado Nacional”.
“En primer lugar, nosotros tuvimos acceso al expediente digital, que por cierto es enorme. Arranca con una denuncia anónima durante el mes de diciembre del año 2022 y, desde entonces, se comienza a colectar pruebas de diversas índoles como escuchas, afirmaciones, testimoniales”, profundizó.
Esta cuestión, según consideró el letrado, “hace que el peso probatorio, al día de hoy, sea sumamente frondoso”.
