El Juzgado Laboral Nº 3 de Concordia encontró culpable al intendente de Estancia Grande, Pablo Javier Goldin, por violencia de género laboral contra una de las empleadas de planta permanente del municipio.
La causa se había iniciado a fines de 2020, con el patrocinio de la Dra. Maria de los Ángeles Petit, tras un año de hechos calificados como acoso o Mobbing Laboral en el marco de una persecución política y personal contra una de las empleadas de planta permanente del municipio, informó 7Páginas.
Detalles de la denuncia
Según consta en el expediente, durante varios meses, Goldin buscó que la empleada del municipio renunciara a su lugar de trabajo, no asignándole tareas, delegando tareas que no iban de acuerdo a su categoría de empleada administrativa y no entregándole elementos mínimos para realizar su labor, entre otras, y luego, incluyéndola en la lista de personal no esencial por razones no fundamentadas.
La sentencia
En la sentencia, dada a conocer en los Tribunales de Concordia, se admite la demanda y se manda a resarcir a la víctima con una indemnización en dinero, disponiendo que deberá asignarle tareas efectivas y acordes a la categoría administrativa, proveyéndole de todos los elementos de trabajo necesarios para su cumplimiento.
Además, la sentencia obliga al intendente Goldin, como así también todo el personal municipal, a que reciba capacitación en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos arbitrarios, en el marco de la Ley Micaela.
Por su parte, la Dra. Petit tras conocerse la sentencia expresó: “nos sentimos muy conformes por la sentencia en general. El resarcimiento económico es mínimo, simbólico, porque el objeto de mi representada es, ante todo, dejar expuesta la conducta del Intendente”.
La letrada destacó que “el fallo marca un antes y un después para muchas autoridades que creen que por el solo hecho de serlo pueden disponer del trabajo de los agentes públicos, sin considerar sus antecedentes y su trayectoria laboral. Existen normas y procedimientos que hay que respetar y en este caso concreto se visualiza en todo el legajo judicial”.
“Desde quienes trabajamos estos temas es fundamental que la Jueza obligue en el fallo a la capacitación de todo el personal, incluyendo al Intendente y sus funcionarios, en la violencia de género y/o actos discriminatorios, y no lo deje librado a la voluntad política, sino que lo debe hacer en un plazo de tiempo estipulado”, manifestó finalmente.
