La investigación se inició en febrero de 2024, a partir de la difusión de un decreto municipal que designaba a Caprarulo como asesor de seguros bajo la figura “ad honorem”. A raíz de ello, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación de oficio ante la sospecha de posibles ilícitos. La causa fue formalmente iniciada el 8 de febrero de 2024, y desde entonces se dispusieron diversas medidas probatorias, entre ellas la requisa del teléfono celular del productor de seguros.
En una primera etapa, la Fiscalía buscó reconstruir los trámites administrativos que derivaron en la contratación de Caprarulo, tanto durante la gestión de Cresto como en el inicio de la administración del actual intendente Francisco Azcué, donde el nombramiento fue posteriormente revocado, aproximadamente un mes después de haberse producido.
Entre las primeras actuaciones impulsadas por los fiscales José Arias —quien luego fue apartado de la causa— y Daniela Montangie, se libraron oficios a la Municipalidad de Concordia con el objetivo de relevar en detalle las sucesivas designaciones bajo la modalidad “ad honorem” y sus eventuales consecuencias económicas. Según trascendió durante 2024, Caprarulo habría percibido comisiones por montos significativos entre los años 2019 y 2023.
De acuerdo a la documentación incorporada al expediente, Caprarulo comenzó a desempeñarse como intermediario entre el municipio y el IAPSER a fines de 2019, mediante la Resolución N° 11.592/19 firmada por el entonces intendente Cresto. La designación se fundamentaba en tareas de asesoramiento, capacitación y charlas destinadas a distintas áreas municipales y entes descentralizados, funciones que —según consta en la investigación— ya eran realizadas por personal técnico del propio municipio y por profesionales especializados.
La causa también analiza el contexto institucional en el que se produjo la designación, cuando Orabona llevaba más de dos años al frente del IAPSER, así como los vínculos personales y profesionales del productor de seguros con funcionarios nacionales de aquel período.
En octubre de 2023, meses antes de finalizar su mandato, Cresto dispuso la desafectación de Caprarulo y designó a la firma CETW Broker, con sede en Buenos Aires, como intermediaria entre el municipio y la aseguradora provincial. Esa decisión, comunicada al IAPSER, también forma parte de las actuaciones que evalúa la Fiscalía.
Posteriormente, ya con el cambio de gestión municipal, Caprarulo volvió a ser designado como productor de seguros del municipio, nuevamente bajo la figura “ad honorem”, destacándose en el decreto sus antecedentes durante el período 2019–2023. Esa resolución, publicada a comienzos de 2024, fue incorporada como elemento de análisis en la causa judicial.
Entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, la investigación continuó su curso, ya sin la intervención del fiscal Arias, quien fue recusado por la defensa del exintendente Cresto. Con las imputaciones formalizadas, el expediente ingresa ahora en una etapa decisiva para determinar eventuales responsabilidades penales en una trama que vuelve a poner bajo análisis la gestión de los seguros y el uso de designaciones “ad honorem” en la administración pública local.
