En 2013, el fiscal Guillermo Marijuán presentó en el juzgado de Sebastián Casanello un dictamen con una hipótesis inicial sobre la creación de un entramado jurídico y financiero que habría permitido la fuga al exterior de dinero de Lázaro Báez, por una suma cercana a los 60 millones de dólares, que provenían de la obra pública.
Es que el empresario patagónico se veía beneficiado por un entramado de sociedades que le permitía lavar dinero y enviarlo al exterior.
La declaración de Leonardo Fariña como arrepentido en 2016 fue clave para abrir la investigación. El encargado de trasladar dinero desde Santa Cruz hasta la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” -creada por Federico Elaskar-, había contado detalles durante una reunión registrada mediante una cámara oculta y emitida por PPT, el programa que conducía Jorge Lanata.
En ese entonces, Fariña dio nombres y explicó los pormenores de las operaciones. En ese sentido, faltaba algo más: desde el inicio de la causa, Casanello había pedido exhortos internacionales a la Corte Suprema, pero los jueces de la Corte Suprema los autorizaron tres años más tarde.
Entonces, se reunieron con las autoridades de los países donde la organización había montado sociedades offshore, depositado dinero y ejecutado todo tipo de maniobras financieras oscuras.
Otro de los hechos que encausaron el camino a las condenas fue el video de “La Rosadita”, en el que se ve a Martín Baéz, uno de los hijos de Lázaro, entrando al departamento de Puerto Madero con bolsos llenos de dólares.
Eso llevó a la detención de Lázaro Báez a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el 5 de abril de 2016, por orden de Casanello en el aeropuerto internacional de San Fernando. Luego, la causa continuó hasta ser elevada a juicio.
Ya detenido, Báez hizo una denuncia contra el juez que lo investigaba: dijo que en septiembre de 2015 Casanello había ido a la Residencia de Olivos para encontrarse con Cristina Kirchner, en ese momento, presidenta de la Nación.
Dos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, afirmaron que vieron al juez en la quinta presidencial, y Casanello se autodenunció para que investiguen la versión. En octubre de 2020, ambos admitieron que mintieron y acordaron una pena de tres años en suspenso por el delito de falso testimonio. Se trataba de una maniobra para apartar al juez del caso.
