La presión de organizaciones sociales y la urgencia de los tiempos parlamentarios tuvo su efecto: el próximo martes se tratará en la Cámara de Diputados la ley de etiquetado frontal de alimentos, que se encamina a la sanción por amplia mayoría a pesar del rechazo focalizado en provincias del Norte y en el bloque PRO.
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El oficialismo anunció que convocará a sesionar después de más de tres meses de inactividad en el recinto y el proyecto de “promoción de la alimentación saludable” figurará dentro del temario, que además incluirá otras iniciativas de consenso. Será, además, el regreso a la presencialidad plena en la Cámara baja.
El reclamo por la ley que implementa los octógonos negros en los envases de productos con exceso de azúcares, grasas y sodio se profundizó en los últimos días, ya que a fin de año cae el dictamen debatido en numerosas audiencias públicas en Diputados, tras la media sanción lograda en el Senado hace un año.
Según pudo saber Vía País, en los cálculos del oficialismo hay, de mínima, unos 133 votos garantizados a favor, a los que se podrían sumar varios más. Son votos del grueso del Frente de Todos, la UCR y la Coalición Cívica. Con ese número sería suficiente para sancionar la ley, que fue militada en las sombras por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner.
La resistencia más fuerte baja desde el PRO, que se dividió en dos dictámenes: uno de Carmen Polledo que propone utilizar el modelo “semáforo” en lugar de los octógonos negros; y otro de Alejandro García y Soher El Sukaria, que directamente propusieron el rechazo. En el bloque de Cristian Ritondo prima la postura de que la ley perjudicará a empresas alimenticias, sobre todo a pymes.
Otro diputado que firmó un dictamen alternativo fue el tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y hombre del jefe de Gabinete, Juan Manzur. El ahora candidato a senador del Frente de Todos atravesó el debate desde una posición incómoda y el martes podría abstenerse. Son varios los diputados de Tucumán y Jujuy que no acuerdan con el proyecto, sin distinción política.
En los bloques de la oposición “moderada” habrá un amplio apoyo, aunque algunos propondrán modificaciones. Antes de incorporarse al oficialismo, el médico Eduardo “Bali” Bucca firmó el dictamen mayoritario con disidencias, y lo mismo hizo Córdoba Federal.
Carlos Gutiérrez, jefe del bloque schiarettista, informó a este medio que votarán a favor de algunos artículos y rechazarán otros. Pero solo darán quórum si previamente hay una convocatoria a Labor Parlamentaria donde se acuerden los términos de la sesión. “Los temas que no están consensuados transforman al Congreso en una tribuna electoralista. Si no hay consenso, no vamos a participar”, amenazó.
Marcha atrás de Massa
La decisión que terminó por destrabar el tratamiento del etiquetado frontal fue de Sergio Massa. Presionado por la oposición y también condicionado por la marcha atrás de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Senado, el presidente de la Cámara baja volvió sobre sus pasos y ordenó que las próximas sesiones sean completamente presenciales.
En su primera resolución, Massa había habilitado algunas excepciones por cuestiones de salud, pero este viernes firmó una enmienda donde aclara que todos los diputados podrán estar presentes en el recinto, con las medidas de higiene y distanciamiento, y que las excepciones solo serán consideradas para acreditar ausencias y licencias.
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Massa firmó la nueva resolución en respuesta a una nota presentada por el rionegrino Luis Di Giácomo, quien responde al senador Alberto Weretilneck y es aliado ocasional del oficialismo. Di Giácomo había advertido que para mantener el funcionamiento mixto se debía reformar el reglamento interno.
El proyecto de etiquetado
La iniciativa ordena incluir sellos de advertencia en la cara frontal de alimentos y bebidas analcohólicas con exceso de azúcares, sodio y grasas. Estarán exceptuados el azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y la sal común de mesa, aunque en la reglamentación podrían sumarse otros productos. Si además contienen edulcorantes o cafeína, se añadirán leyendas para evitar su consumo en niños.
El criterio para determinar cuándo hay un exceso de nutrientes críticos será el perfil de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, los productos que estén en esta condición no podrán contener imágenes infantiles que capten el consumo ni podrán ser comercializados en entornos escolares.
Las grandes industrias tendrán seis meses (prorrogables) desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y las pymes, doce meses más. Las sanciones por incumplimiento irán desde apercibimientos hasta clausuras.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
