El Gobierno nacional aumentó este lunes en 13 mil millones de pesos los subsidios a las obras sociales sindicales en vísperas de una reunión de la conducción de la CGT, en la que se preveía la convocatoria a un paro general contra la política económica y social.
La decisión adoptada por medio de un decreto del presidente Mauricio Macri que también firmaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se publicó en el Boletín Oficial.
El incremento que, según fuentes gubernamentales, negociaron los últimos días los ministros Stanley y de Producción y Trabajo, Dante Sica, con el delegado cegetista e histórico negociador de los fondos para obras sociales, José Luis Lingeri (obras sanitarias), se sustenta en tres fuentes de financiamiento.
La primera de ellas es la reasignación de los fondos disponibles que hayan ingresado hasta el 28 de febrero pasado desde el Fideicomiso de Administración creado en 2016 al Fondo de Emergencia y Asistencia, como también de intereses de parte del dinero colocado en bonos Bonar.
La otra fuente de recursos provendrá de la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías (Agnet), que servirá como límite a la ola de demandas judiciales millonarias por servicios médicos no prestados por las obras sociales a través del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Y la tercera se trata de la habilitación a las obras sociales a cobrar el dinero correspondiente de los alrededor de 385 mil empleados que al momento de jubilarse deciden permanecer en su obra social y prescindir de los servicios del PAMI, que hasta el decreto de hoy retenía esos fondos no utilizados.
Fuentes gubernamentales aseguraron que la distribución de esos nuevos recursos a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud que desde diciembre pasado encabeza el exfutbolista y médico, Sebastián Neuspiller, tendrá como “contraprestación” sindical el apoyo en el Congreso a un reciente proyecto de ley regulatorio del empleo no registrado y a otro para reducir la litigiosidad laboral.
La decisión se hizo pública a tres días de la reunión del Consejo Directivo de la CGT que el jueves próximo tendrá que decidir si convoca a lo que sería el quinto paro general contra la política económica desde que Cambiemos llegó al poder en diciembre de 2015.
La cúpula cegetista tendrá que decidir en medio de fuertes presiones del sindicalismo opositor que encabeza el moyanismo en alianza con las CTA y los movimientos sociales, y que el jueves pasado realizó una multitudinaria manifestación que encabezaron los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.
Daer y Acuña tendrán que fijar posición entre la postura del sindicalismo opositor que integra la CGT y que promueve un paro general para el 30 de abril, y los “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes” de buen diálogo con el Gobierno, que no estarían dispuestos a confrontar en medio de una situación prelectoral.
Con una medida similar a la conocida en las últimas horas, ya en junio pasado el Gobierno había contenido a la CGT ante un posible paro general: otorgó un subsidio de 4.500 millones de pesos que no fueron transferencias directas del Estado sino recursos utilizables por las obras sociales a futuro.
