El Gobierno argentino intentará negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una salida o aplazamiento al pedido del organismo para mejorar los ingresos vía el incremento de impuestos, al menos hasta después de octubre, para evitar un impacto negativo de medidas impopulares en las urnas.
Ocurre que la misión del FMI que hizo la tercera revisión de la economía argentina le informó al Directorio Ejecutivo que la recaudación fiscal del país está cayendo más de la cuenta en términos reales, lo que abre interrogantes sobre la futura capacidad de pago de los compromisos externos.
Se trata de una advertencia que la oposición y amplios sectores del empresariado le venían haciendo al presidente Mauricio Macri: con tasas de interés por encima del 70% la recesión será más duradera y profunda y se complicará la generación de riqueza. Cambiemos no lo escuchó y ahora es un problema a resolver con el Fondo Monetario.
La recaudación tributaria del Estado nacional alcanzó los 327.870 millones de pesos en marzo, por lo que registró un alza nominal del 37,3% anual, unos 15 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que –según sondeos privados- se ubicó por encima del 53%.
Lo que más sube entre los ingresos a las arcas públicas es el denominado IVA impositivo, con un alza del 42,2% anual. Se trata del tributo que pagan todos los argentinos cuando compran un litro de leche, un par de zapatillas, un cero kilómetro o un kilo de pan.
El Directorio Ejecutivo (board) del FMI que aprobó el depósito de 10.870 millones de dólares -la cuarta cuota del préstamo stand by- fue contundente con el país: a este ritmo y por este camino no se llegará al déficit cero que viene promocionando el Gobierno, y eso es lo que está generando ruido en el mercado financiero.
El mercado también lo viene anticipando: Argentina tendrá un déficit fiscal primario de 40.000 millones de pesos en 2019, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo. Este posible nuevo incumplimiento de una promesa oficial es lo que genera parte del ruido y la desconfianza en la city financiera.
Por ello, el FMI propone que el ancla siga sobre los salarios del sector público –marcando el camino a los de las empresas privadas-, es decir, que este año vuelvan a crecer por debajo de la inflación. Además, habría que pasar a unos 100.000 argentinos del monotributo a la categoría de Responsable Inscripto, para que pague más impuestos.
También el organismo propone borrar del mapa todas las exenciones tributarias posibles. Por ello, el Gobierno se vería obligado a volver a la carga para que los empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias como el resto de los mortales.
Y, quizás una de las medidas más impopulares, sería elevar el IVA al 21% para todos los productos y servicios. Eso encarecería el precio final de algunos alimentos (como la carne, frutas, legumbres y hortalizas) y de la medicina prepaga, el gas o la construcción, por ejemplo, que actualmente tributan 10,5%.
Con esta agenda viajarán el martes a la noche a Washington el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ambos funcionarios participarán de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que se desarrollará jueves, viernes y sábado.
Pero Sandleris y Dujovne tienen previsto reunirse con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, a quien le pedirán un nuevo gesto para no tener que avanzar con una suba de la presión impositiva, que este año será récord histórico en la Argentina y una de las más altas del mundo.
Los funcionarios llegarán un día antes para poder reunirse con Lagarde; el director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner; y el responsable de la misión argentina, el italiano Roberto Cardarelli. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes de la cumbre que arranca el jueves.
