Tanto para el Gobierno nacional como para la CGT, lo importante no era ponerle una fecha al paro general que venía madurando en la dirigencia sindical y la oposición política, sino las características que ambos desean que tenga esa medida de fuerza. En apariencia resulta paradójico, pero por razones muy similares, a la Casa Rosada y a la central obrera no les interesa ni les conviene que el conflicto social siga profundizándose. El Gobierno le teme a un mayor desgaste de su autoridad, y los gremialistas no quieren que eventuales desbordes pongan en jaque su liderazgo.
El análisis de estas circunstancias les llevó más horas de conversaciones a funcionarios y sindicalistas que la enumeración de las motivaciones de la huelga y las posibilidades de encontrar soluciones. Al final, quedó formalizada la fecha del jueves 6 de abril, volviendo a una modalidad que hace mucho no se utilizaba y que en otras épocas era llamada con ironía un paro "matero", es decir, sin movilizaciones ni actos, con los trabajadores quedándose en sus casas tomando mate.
A pesar de que la decisión no fue sorpresa para nadie y menos para Mauricio Macri, que días antes tuvo un anticipo y hasta una consulta sobre el tema por parte de un dirigente cegetista, el anuncio en conferencia de prensa el jueves sirvió para descomprimir en parte la tensión generada por los reclamos. Podría decirse que era una necesidad de todos, en medio de un contexto de agitación extrema.
Es un fenómeno típicamente porteño, pero la bronca de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires por los piquetes y movilizaciones que hacen del tránsito un caos insoportable todos los días, tiene dos claros destinatarios. Por un lado los manifestantes cualquiera sea su identificación, y por otro los funcionarios del gobierno local que muestran de manera exasperante su inoperancia para evitar los cortes.
Todo cuesta
Esta situación, que domina la superficie de lo que está ocurriendo en el país, no es gratis para nadie, y contribuye a crear estados colectivos de ánimo de los que cada actor social tarde o temprano deberá hacerse cargo. Convencido de que el modelo de gestión y el rumbo elegido es el adecuado, el Presidente frente a sus funcionarios ya no es sólo un predicador del cambio sino un jefe más enérgico que les exige voluntad y eficiencia.
A medida que se endurece la oposición gremial y política, también lo hace el Gobierno y la confrontación se profundiza. Un ejemplo de esta disputa que escala en intensidad, es el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Esa pulseada viene recortándole a la gobernadora María Eugenia Vidal una buena parte de su imagen positiva, que la tenía al tope de la dirigencia nacional. Que eso ocurra en el distrito clave donde se van a dirimir las elecciones parlamentarias de octubre, le agrega al oficialismo una preocupación que deberá resolver en el corto plazo.
Todo confluye, como siempre, en el resultado que vaya mostrando la economía en los números grandes, pero de manera fundamental en las cuentas de las familias. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya ha tomado debida nota de que los plazos se han acortado, la tolerancia social también y la urgencia sobrevuela su gestión. Por eso cualquier pequeño dato favorable que aparece en las estadísticas, o que transmitan los sectores de la producción, es celebrado en su despacho como un gran éxito.
Tanto Dujovne como otros funcionarios del área conservan un optimismo tal que les permite imaginar que luego del paro general del 6 de abril, la CGT dejará de tener razones como para continuar un plan de lucha, del que ya ha comenzado a hablarse en los sindicatos más combativos.
A futuro
Como el conflicto social está ligado de manera estrecha a la disputa política, en algunos despachos de la Casa Rosada ahora relativizan la importancia de las elecciones de octubre. Ya lo había dicho la gobernadora Vidal cuando sostuvo que “perder una elección no es el fin del mundo”. Aquella frase no les gustó para nada a los aliados de Cambiemos, en especial al radicalismo, y provocó largos debates en el interior del Gobierno. El discurso electoral del oficialismo se irá ajustando entonces en función del clima social que se observe.
Una de las condiciones que Macri y sus asesores consideran favorable es que la oposición esté atomizada. El peronismo está lejos de encontrar en el corto plazo un núcleo alrededor del cual se inicie un proceso de unificación, y tampoco se hace visible el surgimiento de un liderazgo superador de las divisiones. Factor clave en cualquier intento de acuerdos es el rol actual y futuro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Un importante dirigente del peronismo no kirchnerista admite que en los últimos meses el panorama interno ha cambiado y no todos lo han advertido. Sostiene que la alianza con Margarita Stolbizer limita las posibilidades de Sergio Massa de representar al peronismo, que la CGT no está en condiciones de liderar al movimiento, que Cristina expresa más a la izquierda que al PJ, que no se sabe si será o no candidata, y si tendrá competencia en las Paso. Asegura entonces que deberá pasar un buen tiempo para que se pueda buscar la unidad.
Esa posibilidad llegaría recién después de las elecciones de octubre, con los resultados en la mano. El mismo desafío, para ese entonces, lo tendrá el Gobierno traducido en fortaleza o debilidad.
