Germán Efromovich, CEO de Avianca, criticó la decisión del gobierno nacional de postergar la aprobación de nuevas rutas aéreas. "La autorización de rutas en un país democrático debe ser abierta, siempre que se cumplan los requisitos técnicos. Autorizar las rutas no es favor, es una obligación. No entiendo cuál es el objetivo de posponer la decisión. Espero que tengan algún motivo para dilatarlo", señaló.
El directivo sostuvo que "si se trata de ser transparentes, seremos parte del proceso" pero enfatizó que "ya entregamos los documentos ante las autoridades" y "no tenemos nada más para mostrar".
"El Gobierno tiene que entender: tenemos aviones parados y tripulaciones que ya han sido entrenadas para este trabajo. Eso cuesta mucho dinero", se quejó Efromovich.
El empresario en una entrevista publicada hoy en el diario La Nación advirtió que si en el gobierno "me dicen que necesitan un año para tomar la decisión... nuestro derecho es claro y vamos a actuar".
En ese marco, anticipó que en la semana viajará "a la Argentina para hablar con el ministro (de Transporte Guillermo Dietrich)" porque "necesito que me explique qué ha sucedido".
"Mientras tanto, nosotros vamos a comenzar ya mismo a volar chárters y vuelos no regulares", agregó.
Efromovich indicó que "desde Avianca nos comprometimos con inversiones: ya compramos tres aviones nuevos por US$ 63 millones, que están en el aeropuerto de Buenos Aires" y precisó que "la inversión en el primer año será de US$ 150 millones".El empresario también consideró en relación a la competencia con Aerolineas Argentinas que Avianca puede "ser un buen complemento" al plantear que "podemos llegar hasta lugares donde Aerolíneas Argentinas no aterriza o tiene pocas frecuencias".
El presidente Mauricio Macri decidió postergar hasta el 20 de marzo la aprobación de la licitación para nuevas rutas aéreas de cabotaje a la empresa Avianca, vinculada a su padre Franco Macri, a raíz de la imputación judicial en su contra.
Desde el gobierno anunciaron que, por decisión presidencial, se someterá la decisión final sobre el tema a "un proceso de análisis" y "consenso" en el marco de una "nueva normativa" que elabora el Gobierno con el Congreso para "evitar conflictos de intereses".
