Tras el papelón internacional por la doble suspensión de la final River-Boca de la Copa Libertadores, Mauricio Macri pidió que la ley que endurece las penas contra los barrabravas sea debatida en el Congreso en sesiones extraordinarias. Pero diputados radicales y de la Coalición Cívica han planteado reparos a la iniciativa y el trámite parlamentario no será tan sencillo como creían en la Casa Rosada.
En Diputados Cambiemos pretendía emitir dictámenes hoy mismo, en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Deportes, para dejar listo el proyecto para votarlo en el recinto el jueves.
Pero la radical Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de Legislación Penal, abrió el plenario señalando que hoy no se emitirán dictámenes. De esta manera, confirmó las discrepancias internas.
Burgos dijo que este miércoles, después de la sesión en que se debatirá Bienes Personales, se volverá a reunir el plenario de Legislación Penal y Deportes para sí emitir dictámenes y llevar el texto al recinto el jueves. Otros eran más pesimistas y hablaban de la semana que viene.
Según pudo averiguar VíaPaís, hay malestar en el radicalismo y en la Coalición Cívica por la propuesta de ley antibarras que envió Patricia Bullrich: dicen que está llena de ambigüedades y que tiene llamativas incoherencias. Por ejemplo, fija hasta ocho años de cárcel para quien venda entradas truchas, es decir la misma pena mínima que para homicidio simple.
El mismo derrotero podría correr otro proyecto pretendido por la Casa Rosada: el que permite que las empresas privadas financien las campañas electorales, lo que hoy está expresamente prohibido.
Según el decreto presidencial, las sesiones extraordinarias serán hasta el viernes 21, es decir que técnicamente Diputados tiene tiempo para tratar estos dos asuntos la semana que viene, y así girarlos al Senado para que eventualmente se conviertan en ley en la semana del miércoles 19.
En el entorno del jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, hicieron saber a los periodistas acreditados que ambos proyectos tendrán media sanción el jueves, pero varios diputados del radicalismo y de la Coalición Cívica avisaron que no están dispuestos a convalidar los textos tal cual vinieron del Ejecutivo.
"El Gobierno parece haber inaugurado una modalidad de proyectos a la carta", se quejó una diputada radical, que cuestionó que el Gobierno se haya empecinado en que se apruebe su proyecto antibarras y haya excluido del temario de diciembre a la nueva ley de alquileres, respecto de la cual dijo que "estaba consensuada y lista" para ser votada.
Detalles
La principal novedad de la ley antibarrabravas es que convierte en figuras penales acciones que hoy son consideradas contravenciones.
En este sentido, se crea como delito la reventa de entradas y se establece que será el Estado, a través del Ministerio de Seguridad, el que maneje el derecho de admisión a las canchas y ya no los clubes de fútbol.
También será delito, según el proyecto, la violación del derecho de admisión, que además puede derivar en la clausura del estadio por permitir el ingreso de violentos. En el fútbol argentino es moneda corriente que los clubes permitan el ingreso de barrabravas que tienen prohibido entrar.
El otro proyecto que le interesa a la Casa Rosada es el que permite que las empresas privadas puedan financiar campañas electorales, justo en el año del escándalo de los cuadernos de las coimas, y a la expectativa de que algún día finalmente explote el caso Odebrecht en la Argentina.
Se trata de una modificación la ley de 26.215, de Financiamiento de los Partidos Políticos, que sí permite que las compañías privadas aporten dinero a los partidos para su desenvolvimiento institucional, pero no para financiar las campañas electorales.
El objetivo de la iniciativa es blanquear una situación que de hecho viene ocurriendo: que las empresas pagan las campañas electorales, pero esos aportes figuran de otra manera, a título personal de sus directivos, a través de aportantes truchos o como aportes al desenvolvimiento institucional de los partidos políticos, lo que sí está permitido.
Cambiemos y el PJ quieren la ley para ahuyentar los fantasmas de una campaña sin aportes empresariales, justo en el año en que varios hombres de negocio fueron arrestados o debieron ir a dar explicaciones en la Justicia por las coimas pagadas durante el kirchnerismo para la realización de obras públicas, en el marco de la causa de los cuadernos. Y con la sombra del caso Odebrecht siempre al acecho.
Para fortalecer el control de los aportes se eliminan los aportes en efectivo, que ahora deberán hacerse únicamente por "transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte".
Pero por el momento no hay acuerdo y el debate podría postergarse para el año que viene: hay tiempo hasta el 12 de julio, cuando arranca formalmente la campaña electoral, según el calendario difundido por el Gobierno.
Dos sesiones
Diputados sí realizará dos sesiones este miércoles. La primera, a partir de las 10, será la preparatoria en que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y todas las demás autoridades serán reelegidas por un año más.
Tras esa sesión se iniciará otra que tiene 23 proyectos en el orden del día, en el que se destaca la suba en el impuesto a los Bienes Personales, que es el único proyecto de los que forman parte del paquete presupuestario que ha quedado pendiente de ser aprobado.
Este incremento es pretendido por la Casa Rosada y por los gobernadores, porque con esa mayor recaudación impositiva se compensará el ajuste generalizado en el Estado previsto en el Presupuesto 2019.
El aumento en Bienes Personales establece escalas del 0,25% al 0,75%, deja eximido del pago a los inmuebles rurales (tras un sigiloso lobby del campo) y establece que las propiedades en las que vivan sus dueños también quedarán eximidas siempre y cuando tengan hasta 18 millones de pesos de valuación fiscal. Esta última propuesta fue impulsada por el senador justicialista Miguel Pichetto.
En el temario también figuran proyectos de forma, como el de autorización al Presidente "a ausentarse del país durante el año 2019 cuando razones de gobierno lo requieran", así como la aprobación de convenios de cooperación ya firmados entre la Argentina y España.
También transferencias de inmuebles a provincias como Salta, Misiones y Jujuy, y otro proyecto que establece la obligatoriedad de presentar "un certificado de aptitud física a toda persona humana que realice actividades físicas y/o deportivas en instituciones deportivas o en carreras de calle".
