Después de una semana de negociaciones entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos, el presidente Mauricio Macri autorizó este lunes el pago del bono de fin de año para los trabajadores del sector privado con el que se busca compensar la pronunciada caída del poder adquisitivo producto de la devaluación y la inflación.
Macri firmó el decreto de necesidad de necesidad y urgencia (DNU) que dispone el pago en dos cuotas de los 5 mil pesos que reclamó la CGT con lo que la central obrera resolvió el jueves pasado dejar sin efecto el paro por 36 horas con movilización en vísperas de la cumbre del G20 la última semana del mes y que habría sido el quinto de ese tipo durante el gobierno de Cambiemos.
El ministro de Producción, Dante Sica, estuvo al frente de la negociación con la CGT y las cámaras empresariales, con la Unión Industrial (UIA) a la cabeza, en la definición del bono: serán dos pagos de 2.500 a cobrar con los salarios de noviembre y de enero y la suma será "no remunerativa", como lo reclamaban los empresarios.
Pero al mismo tiempo estableció la posibilidad, ante las dificultades que atraviesan las Pymes, de que el monto pueda ser inferior a los 5 mil pesos o que pueda pagarse en más de dos cuotas, como también que el bono pase a ser remunerativo si así lo acuerdan las partes en las negociaciones paritarias.
Para los trabajadores del sector público nacional, que no estarán incluidos en el decreto, trascendió que habrá también un bono de 5 mil pesos que estos días terminarán de negociar el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra y el titular del sindicato Upcn, Andrés Rodríguez. Además se reabriría la paritaria del sector en el que trabajan unos 210 mil empleados, que en lo que va del año sólo tuvo un aumento salarial de 15% y sin cláusula de revisión, contra una inflación superior prevista de 45 por ciento.
El titular de ATE, Hugo Godoy, sostuvo a su vez que el bono para los privados está lejos de atenuar la pérdida del poder adquisitivo y acusó al Gobierno de "cerrar cualquier discusión cierta. Sólo conversa con sus sindicalistas amigos que le han avalado las política de despido y ajuste".
Entre los atenuantes que el decreto prevé para que el pago pueda modificarse en monto y cuotas, está que pueda contabilizarse "a cuenta" de las revisiones y los aumentos acordados en la paritaria de 2018. También prevé atender la situación de "sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva".
Fuera del decreto quedaron los trabajadores rurales y domésticas.
