La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, rechazó la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenó al Tribunal que en forma inminente proceda a realizar el juicio.
En el caso se investiga el pago de sobreprecios por parte del Estado Nacional -de aproximadamente 120 millones de dólares/pesos en los años 90- en el marco del proceso de informatización de la por entonces Dirección General de Impuestos (DGI), en el que se encuentran acusados ejecutivos de la empresa multinacional IBM. y ex funcionarios del Gobierno Argentino.
En mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal nº 3 había comunicado la extinción de la acción por prescripción, pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción presentó la causa ante la Cámara de Casación, que en diciembre de ese año, con los votos de los jueces Hornos y Gemignani, la Sala IV revocó esa decisión.
En esa oportunidad, el juez Hornos justificó que la fijación de audiencia de debate interrumpía el curso de la prescripción y el juez Gemignani, que los delitos en los que intervienen funcionarios públicos resultaban imprescriptibles.
Luego, la Corte Suprema anuló esa decisión -pese a no ser del todo definitiva- por supuesta falta de mayoría suficiente de fundamentos entre los votos y exigió que se dicte una nueva resolución.
Ahora, el juez Gemignani mantuvo su postura acerca de la imprescriptibilidad de esta clase de delitos y el juez Hornos, por primera vez, decretó que por aplicación directa del artículo 36 de la Constitución Nacional resultan "imprescriptibles los graves hechos dolosos de corrupción cometidos contra el estado que conlleven enriquecimiento".
Hornos se centró en que el 5º párrafo de ese artículo, incorporado en la reforma del año 1994, establece de modo literal que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado "atenta contra el sistema democrático".
Una vez que finalizaron todas las exposiciones, se resolvió que no es constitucionalmente posible la prescripción de la causa y que debe realizarse en forma inminente el debate oral y público.
