A fuerza de torniquetes, el equipo económico de Mauricio Macri logró inducir un par de semanas más estables en el mercado cambiario. La atención del país político comenzó a aterrizar en el único escenario que no está en condiciones de eludir: la necesidad de reducir el déficit fiscal.
Reapareció la política. No con los ornamentos de los grandes pactos que algunos de sus referentes sueñan con protagonizar. Más bien con las reuniones de necesidad y urgencia a las que los obliga el país real.
Macri en persona encabezó algunos de esos encuentros. Intentó alinear al radicalismo con el programa de ajuste comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Los dirigentes más críticos de la UCR -que se habían entusiasmado con los documentos de sus asesores económicos con medidas alternativas a las que ejecuta la Casa Rosada- regresaron a sus distritos con la convicción de que los márgenes para ensayar heterodoxias son casi inexistentes.
Gerardo Morales, ahora gobernador de Jujuy, habrá recordado los días en los que estaba sentado del otro lado de la ventanilla, en la gestión de Fernando de la Rúa.
Pero los sordos ruidos del radicalismo mascullando tras los muros, no son la preocupación mayor. Más graves pueden ser las diferencias con María Eugenia Vidal y Horacio Rodriguez Larreta. Ambos recelan de las negociaciones de la Casa Rosada con el peronismo para acordar el ajuste.
Vidal sabe que es el blanco predilecto adonde apunta el peronismo. Su distrito es la ciudadela que la oposición debe cambiar de mano para reconquistar el poder. Macri no ignora esa verdad evidente. Ocurre que la política, después del acuerdo con el FMI, se ha transformado en una ardua e impiadosa disputa por las hendijas de la letra chica.
El Presidente ha delegado en Marcos Peña -el ideólogo de la triple reelección- la maniobra más delicada del ajuste: la que implica sumar en la reducción del déficit a los dos distritos administrados por dirigentes de su propio partido.
Con los gobernadores justicialistas habla el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Y en ocasiones el propio Presidente, que consiguió imponer de inicio diálogos bilaterales con los jefes del peronismo territorial.
La alianza de gobernadores justicialistas se adaptó a esa modalidad. Pero por otro lado le concedió libertad de acción a los legisladores que maneja en el Congreso para que reclamen la inclusión como un actor autónomo en la paritaria del nuevo Presupuesto. Desde su paso por Boca, Macri ya reconoce cuando le envían La Doce.
En el peronismo la proximidad del ajuste también ha reconfigurado las opciones políticas. La objeción in totum al acuerdo con el Fondo ha quedado como consigna práctica sólo en el kirchnerismo. Un espacio argumental que todavía tiene dificultades para explicar los extravíos que ensayó en su relación con el mundo.
El último de los desaguisados conocidos es el juicio que se ganó el país por la estatización irregular de YPF durante la pasantía de Axel Kicillof. Una demanda que supera con amplitud el juicio emblemático de los denominados "fondos buitre" ante el finado Thomas Griesa.
En el peronismo de los gobernadores, la posición frente al ajuste se ha diversificado. No todas las provincias administradas por el justicialismo tienen el mismo grado de solidez fiscal para enfrentar una discusión mano a mano con la Casa Rosada.
Es cierto que la elección de 2019 dejó de ser un horizonte imposible para el peronismo. No es menos real que el tránsito hacia ese objetivo implica ajustar ahora y competir recién después.
Es el escenario que las encuestas describen con alguna precisión. Hasta en Córdoba, un territorio que le fue siempre favorable, la imagen de Macri se ha deteriorado. Pero en ningún caso aparece un liderazgo opositor que capitalice esa caída.
Pese a eso, que el espacio de la negociación política se vaya ajustando a la discusión de la reducción del déficit es un punto a favor de la Casa Rosada. No sólo porque siempre imaginó al Presupuesto como el verdadero pacto político. Sino porque corre contra la urgencia: necesita despejar las dudas de los técnicos del FMI sobre la viabilidad política del ajuste comprometido.
Si Christine Lagarde cumple el anuncio de otra visita al país la semana próxima, el Gobierno deberá demostrar algún avance político para garantizar la credibilidad de sus objetivos de ajuste.
Por las dudas, los técnicos del Fondo han recomendado mirar también la recomposición de las cuentas públicas por la vía de los ingresos. En los borradores, incluyen una revisión de la política oficial de reducción de las retenciones a las exportación. También por las dudas, el Gobierno dejó trascender que no prevé incumplir su compromiso reciente con las entidades del agro.
Es que para Macri la política de los acuerdos con los gobernadores y en el Parlamento ha comenzado a ser excedida por algunos reclamos de corporaciones. Tras el último paro de la CGT, la Corte Suprema alertó sobre el presupuesto para los jueces. Los rectores advierten sobre los recursos de las Universidades. La Mesa de Enlace de las entidades del agro llegó hasta el despacho del Presidente y salió conforme. Nadie deja de pelear por la letra chica.
Hubo un tiempo en que el Gobierno se esperanzó con una fórmula alquímica: el crecimiento de la economía, sumado a los ajustes graduales, podía absorber el rojo del fisco.
Como suelden decir los abogados, ese debate del gradualismo ya es a esta altura una etapa precluida. Fue una chance que había conquistado el oficialismo en las urnas. Caducó por no haber sido ejercida a tiempo.
