El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer este viernes el detallado informe que los técnicos del organismo presentaron al Directorio para aprobar el acuerdo stand by para la Argentina por 50.000 millones de dólares.
Los expertos del organismo internacional estiman un menor crecimiento del PBI, un límite a la baja de retenciones a la soja y señalaron que el programa tiene "riesgos evidentes", según consiguió Clarín.
Sin embargo, aunque estimaron que "la firme y rápida implementación de las políticas permitirán que el país capitalice plenamente su potencial económico y asegure que todos los argentinos estén incluidos en la futura prosperidad del país".
El informe señala que las "recientes turbulencias del mercado y la contracción fiscal llevarán a un retroceso del crecimiento en 2018", así estima que la Argentina crecerá sólo un 0,4% este año; un 1,5% en 2019 y un 2,5% en 2020.
En otros de los puntos del informe, el FMI señala que el realineamiento de los objetivos fiscales va a estar basado en medidas que ya han sido implementadas este año y "el compromiso de más pasos en el contexto del Presupuesto de 2019".
Acuerdo del FMI con la Argentina by Via País on Scribd
En este sentido, el organismo internacional aclara:
-La postergación de la implementación de partes de la reciente reforma impositiva a 2020 (como por ejemplo las contribuciones sociales de los empleadores)
-Mantenimiento del promedio de la tasa de exportación de los productos de soja al 25,5%.
-Mayor reducción de subsidios ineficientes en energía y transporte.
-Racionalización de los gastos en otros bienes y servicios, con un recorte de 15% en 2018 que continúe en 2019.
-Reducción del empleo público y congelamiento de contrataciones en la administración federal.
-Recortar las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, en combinación con los esfuerzos de fortalecer su posición financiera.
-Reducir las transferencias discrecionales a las provincias un 1,2% del PBI para 2019. Y recortar el déficit fiscal a nivel provincial.
-Reducir gasto de capital un 0,6% del PBI con la expectativa de que los proyectos con Asociaciones Público-Privadas protejan los planes de infraestructura pública previstos.
-Venta de tierras y amortización de fondos de pensiones que hoy están retenidos para financiar el pago de reclamos de pensiones.