El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no financiará el gradualismo del programa fiscal argentino, sino su aceleración. El nombre es arquetipo de la cosa. El país ha obtenido una asistencia financiera inédita, pero no para postergar los ajustes que venía eludiendo.
El Gobierno nacional anunció el pacto con el FMI al mismo tiempo que le reconocía a la CGT una actualización de paritarias. Una admisión de que el salario fue la única variable del esquema de precios relativos que permaneció anclada durante la crisis cambiaria.
La coincidencia del acuerdo final con el Fondo y las gestiones con las centrales sindicales para evitar un paro general fue interpretada por algunos observadores como la prueba de que la política económica se endurecerá sin abandonar algunas heterodoxias.
Las metas de inflación, fiscales y monetarias consensuadas con el Fondo, sin embargo, son lo suficientemente estrictas como para alentar la nostalgia del gradualismo cansino. Y persisten las dudas sobre los caminos que ensayará la administración Macri para acotar el gasto social. Inquietudes que seguramente intentaron despejar la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la ministra Carolina Stanley en sus contactos con el papa Francisco.
Roma es el vértice adonde se han alineado las organizaciones sociales que agitan la conflictividad callejera. Entre las claves del gradualismo que Cambiemos financió con endeudamiento, sigue vigente la legislación de emergencia que instauró una dirigencia piquetera con aspiraciones complementarias a la burocracia sindical.
Pero así como las condiciones fiscales del acuerdo con el FMI son severas e intransferibles, esta vez no llegaron con exigencias de reformas que requieran del concurso parlamentario. Salvo la normativa que incrementa la autonomía del Banco Central, no se mencionaron requisitos adicionales. Y un proyecto que fortalezca la autoridad monetaria frente al Ejecutivo debería por lógica integrar la agenda de cualquier oposición.
Macri y Christine Lagarde han sellado un acuerdo que no desconoce las limitaciones políticas del Gobierno. El peronismo jugó con todas sus fuerzas para que el préstamo del FMI no venga. Se unió al sólo efecto de evitarlo. Mientras las negociaciones ya estaban encaminadas, insistió en enviar una señal hostil al boicotear el programa de recorte de subsidios a las tarifas.
Es cierto que la nueva política económica convenida con el Fondo tiene en el horizonte el embudo del nuevo Presupuesto. No es menos cierto que ahora los ajustes llegarán también a las transferencias de recursos a las provincias. El préstamo del FMI le dió a Macri una espalda equivalente a dos veces las reservas en divisas que tenía el país antes de entrar en la corrida cambiaria. Con esa espalda se sentará a dialogar con los gobernadores que apostaron a la desfinanciación del Estado nacional.
Como lo demostró en sus conversaciones con el peronismo sindical (y acaso también en las confesiones de sus emisarias ante el Papa, bajo sigilo sacramental), el Gobierno nacional alberga todavía la expectativa de preservar algunas heterodoxias. Incluso dentro del marco del pacto con Lagarde.
También hay puentes que intenta recomponer con el peronismo parlamentario. Horacio Ropdríguez Larreta y María Eugenia Vidal retomaron el diálogo con Miguel Pichetto mientras el oficialismo le bajaba un cambio al pedido de desafuero de Cristina Kirchner. Hay temas pendientes en el Senado que le demandan al macrismo un principio de realidad. La designación de la nueva Procuradora General de la Nación, por ejemplo.
Pero estos gestos al peronismo parecen ser la excepción a la regla por venir. El macrismo interpretó el pacto con el Fondo como la obligación de endurecer su política económica pero también como la oportunidad para replantear su economía de recursos políticos.
Macri selló el acuerdo con Lagarde en el marco del G7. Con ese aval internacional le recordará al peronismo que en el peor momento de la crisis eligió dejarse conducir por las locuras de Cristina.
Esa unidad del peronismo llegó hasta el veto. El congreso del Partido Justicialista enfrentado con la intervención de Luis Barrionuevo puso de nuevo en evidencia que las coincidencias llegaban sólo para alentar una erupción de anti macrismo, no para ofrecer una alternativa de gobierno.
El peronismo territorial que venía articulándose con las gestiones del gobernador de Córdoba y los oficios de Pichetto se fisuró tras forzar el veto de Macri y ahora enfrenta el desafío de permanecer unido en el momento del ajuste a las provincias.
La ausencia de los gobernadores de mayor peso en el congreso que motorizó el kirchnerismo con José Luis Gioja a la cabeza demostró que el reingreso de Cristina a la estructura del PJ no será tan fácil de lograr como la ley sobre los ajustes a las tarifas.
El kirchnerismo quiere regresar a la matriz peronista, abandonando a sus aliados minúsculos de la centroizquierda, pensando en las primarias del año que viene. Algunos dirigentes tradicionales del PJ coquetean con ese retorno pero pensando en una segunda vuelta competitiva contra Macri.
En ese razonamiento surgieron cercanías impensadas como la del exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota y la expresidenta Cristina Kirchner, recordada como la gestora más insidiosa de la discriminación fiscal contra las provincias.
El reacomodamiento de la oposición parlamentaria a Macri atenderá ahora ese juego abierto, pero será visible después de que el Congreso nacional concluya con el debate de la despenalización del aborto.
Por sus características, esa discusión atraviesa el Parlamento con alineamientos transversales más vinculados a la objeción de conciencia.
