Los abogados Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana fueron denunciados en el marco de la investigación por la "desaparición forzada" y la muerte de Santiago Maldonado. El Gobierno le solicitó a la Justicia Federal investigar a los letrados.
Quintana alegaba que ambos eran representantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). Sin embargo, el organismo elaboró un documento que confirma lo contrario.
"Del registro de Socios de la institución no surge la membresía del sr. Carlos María Gonzalez Quintana, a nuestra asociación, ni ha ejercido ni ejerce representación alguna ni expresa ni táctica de nuestra organización nacional", expresa el documento frubricado por Gisela Cardozo, presidente de la APDH.
El pedido al juez federal Gustavo Lleral se centra en una serie de dudas en torno al accionar de los abogados que entregaron información no veraz a la Justicia que habría entorpecido la investigación y traído un grave prejuicio a la imagen internacional del país. Por tal motivo, podrían perder sus licencias y pagar abultadas multas.
Según Clarín, en el Gobierno tienen el convencimiento de que los abogados son los responsables de formular el documento enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU, que indicaba que el joven artesano fue víctima de una "desaparición forzada". Para sostener dicha hipótesis, presentaron los testimonios de Matías Santana y del Testigo E, quienes sostuvieron que vieron como la Gendarmería golpeaban y se llevaban a Maldonado.
