Hace una semana, una nena de 10 años debió ser atendida en la guardia del Hospital Materno Infantil de Salta porque le "dolía la panza". Tras la intervención de los médicos, se descubrió que estaba embarazada de cinco meses: recién ahí se animó a contar que su padrastro la violaba.
La historia conmocionó a Salta y se expandió por todo el país porque, además, la menor será forzada por un decreto a continuar con la gestación.
¿Por qué? En 2012 se firmó el decreto 1170/12 que establece un período límite para realizar un aborto no punible durante la semana 12 del embarazo. Pero la nena cursaba la semana 19 cuando se conoció su situación.
El viernes la sometieron a una cámara Gesell y después, informaron fuentes judiciales, la madre de la menor habría pedido hablar con una asesora. La funcionaria anunció que madre e hija le habían "manifestado su deseo de continuar con el embarazo". Sus palabras generaron polémica y reabrieron el debate sobre la intervención.
"Es llamativo que haya un gran número de mujeres que desistan luego de esta consulta", expresó Andrea Flores, antropóloga y docente universitaria al diario El Tribuno.
"Por un lado está el decreto 1170 y por otro el protocolo del Materno Infantil, que fija una asistencia psicológica. Tutelan a las mujeres que deciden hacer un aborto como si la situación no fuera suficientemente traumática, y como si no pudiera decidir individualmente", indicó. Y agregó que si bien la mujer "tal vez necesite esta asistencia por el hecho traumático, no debería ser obligatoria, como prevé el protocolo".
Por su parte, el directorio del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres pidió al Ejecutivo de la provincia la derogación del protocolo y en las últimas horas se sumaron agrupaciones feministas y el Partido Obrero.
Por su parte, el gobernador Juan Manuel Urtubey se expresó en Twitter. Sus mensajes:
