El marcado aumento de la población carcelaria viene generando mucha preocupación en el Gobierno. En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el problema principal se concentra en las unidades del área metropolitana, que alojan mayormente a detenidos por orden de la Justicia nacional con asiento en la Capital. El caso de la provincia de Buenos Aires, en cambio, es crítico: tiene aproximadamente 10 mil reclusos más que el cupo máximo en sus establecimientos carcelarios en los últimos años.
Según informaron fuentes oficiales a La Nación, la superpoblación actual es del 4%. Ante este panorama, el Ejecutivo planteó varias medidas para descomprimir los penales.
Una de ellas es evaluar los perfiles de internos cuyo tratamiento "es más propicio por fuera del contexto de encierro". Es decir, aquellos que podrían cumplir su pena en prisión domiciliaria o acceder a salidas anticipadas.
Sin embargo, esta posibilidad despertó algunas quejas. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron: "El Poder Ejecutivo no está facultado para otorgar arrestos domiciliarios o libertades anticipadas. Las personas detenidas se encuentran a disposición del Poder Judicial, que es el que debe tomar las decisiones pertinentes"
Hoy por hoy, son 1400 los detenidos en cárceles federales que integran esa lista de personas que cumplen con los criterios de prioridad que establece la ley para estar en condiciones de acceder a la detención domiciliaria o a una salida anticipada. Cuando un juez da su aprobación, un interno con este perfil puede pasar al Programa de Vigilancia Electrónica, sumado a un acompañamiento psicosocial permanente. Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto deriva en una "tasa de reingreso cero".
A su vez, se están llevando adelante obras para acondicionar tres nuevos centros de ingreso, entre ellos, un ex instituto de menores y un espacio en los Tribunales de Avenida de los Inmigrantes (en el barrio porteño de Retiro) que estaba en desuso. A esto se sumará un plan de obras carcelarias en distintos puntos del país, que incluirá nuevos espacios y ampliaciones de otros.
Por otra parte, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que se está llevando adelante un trabajo de acompañamiento intra y extramuros para evitar la reincidencia y, así, disminuir la tasa de reingreso.
Las medidas en curso para mejorar la situación de las cárceles bonaerenses:
- Red de agua potable en el Complejo de San Martín.
- Casa para que 4 madres puedan vivir con sus hijos menores de 4 años en la U54, de Florencio Varela.
- Reactivación de obras frenadas desde 2014 en Campana y Lomas de Zamora.
- Refacción y mantenimiento de diversas unidades, como bombas sumergibles, grupos electrógenos, alambrados perimetrales, cámaras frigoríficas, termotanques, extintores y desmalezadoras.
- Planta de tratamiento cloacal en la U40, de Lomas de Zamora.
- Escalera de emergencia en la U25, de Lisandro Olmos.
- Planta reguladora de gas en la U15, Mar del Plata.
- Restauración de pabellones en la U28, de Magdalena.
- Acondicionamiento del techo de la capilla (SUM) de la U1, de Olmos.
- Puesta en valor general de la U18, de Gorina (reparación de muros, impermeabilización de techos en el área de sanidad y en la escuela.
