La Cámara de Diputados convirtió en ley por 144 votos contra 6, y 31 abstenciones el proyecto que penaliza la corrupción empresaria.
Las sanciones van desde multas hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas por el Estado Nacional a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.
Como miembro informante del proyecto, la diputada Gabriela Burgos, presidente de la Comisión de Legislación Penal, recordó que la iniciativa fue enviada originalmente por la Oficina Anticorrupción, aprobada con cambios en Diputados y modificada en el Senado.
Las modificaciones realizadas por la Cámara alta extienden el objeto de la ley a los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas.
Además, el Senado estableció un plazo de prescripción de 6 años para los delitos de esta naturaleza. En cuanto a las penas, las multas se tienen que cuantificar entre el 2 o 5 por ciento del monto del beneficio que se podría haber obtenido en el ilícito.
