La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, y giró a Diputados, una nueva prórroga para suspender por cuatro años la aplicación de la Ley de Tierras Indígenas que impide los desalojos de las comunidades aborígenes sometidas a procesos judiciales.
Así, con 62 votos afirmativos quedó aprobada por unanimidad la prórroga de ley de emergencia de propiedad comunitaria indígena.
Una vez que la Cámara baja la apruebe, la suspensión de la aplicación de la norma será por ese lapso a partir del 13 de noviembre de 2017.
La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
Una de las autoras del proyecto, la pampeana Norma Durango reclamó la aprobación de la prórroga porque su rechazo "dejaría a la intemperie a muchas comunidades indígenas".
Además, la senadora mencionó la desaparición de Santiago Maldonado dentro de la defensa de la prórroga, al recordar que se desconoce el paradero del joven luego de su supuesta participación en un piquete junto con un grupo de militantes del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la provincia de Chubut.
El oficialista Ángel Rozas anticipó que Cambiemos acompañaría la prórroga por cuatro años y no por dos y medio, como quería el oficialismo.
"Vamos a acompañar los cuatro años. El gobierno quería dos años y medio porque en ese lapso se está en condiciones de terminar con los relevamientos catastrales", destacó el chaqueño.
