Carolina Ramos
El presidente Javier Milei recibió otro golpe a pocas semanas de las elecciones nacionales: la oposición rechazó con comodidad en el Senado los vetos a las leyes de presupuesto universitario y emergencia en el hospital Garrahan. En simultáneo, los senadores planeaban enviarle una advertencia al Gobierno para que cumpla ambas normas y no repita lo hecho con la emergencia en discapacidad, aunque la amenaza de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aún no toma envión.
Como era de esperarse, las mayorías contra los vetos fueron contundentes. La ley de presupuesto universitario obtuvo 58 votos positivos, 7 negativos y 4 abstenciones, mientras que la emergencia pediátrica recibió 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Los números fueron similares a los que habían obtenido los proyectos en la votación original.
Las leyes quedaron firmes con los votos de Unión por la Patria, la UCR completa (incluidos los aliados electorales de Milei en Mendoza y Chaco), parte del PRO (entre los que figuró el cordobés Luis Juez), Provincias Unidas (con el respaldo, también, de la peronista Alejandra Vigo) y otros bloques provinciales como el Frente de la Concordia Misionero y Por Santa Cruz.
Los votos negativos fueron de cinco de los seis integrantes de La Libertad Avanza, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (la única que defendió los vetos en el debate junto con el jefe de la bancada violeta, el jujeño Ezequiel Atauche) y otro aliado oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni. “No queremos que las universidades sean usinas del financiamiento político”, enfatizó Atauche al cierre del debate.
El dato político lo dejaron las abstenciones, que tienen nombre y apellido: Mauricio Macri. En la previa de la votación, el expresidente (que días atrás se reencontró con Milei en la quinta de Olivos) mandó al jefe de la bancada amarilla, Alfredo De Angeli, a tantear el terreno entre sus compañeros de bancada, con el mandato de apoyar los vetos, o en todo caso abstenerse. De Angeli optó por esta última opción, y lo siguieron sus pares Martín Goerling (Misiones) y Victoria Huala (La Pampa). En el caso universitario también se abstuvo, a título personal, la radical santafesina Carolina Losada, cada vez más cercana a Milei.
Advertencia al Gobierno
Aunque el resultado fue contundente, el antecedente de la emergencia en discapacidad marca un horizonte negativo para la futura aplicación de las leyes. Es que el Poder Ejecutivo se negó a implementar la ley ratificada por el Congreso y la devolvió para que los legisladores indiquen cómo financiarla, aunque la norma establece expresamente, en su artículo 19, que el jefe de Gabinete debe reasignar partidas.
Pese a la inédita maniobra, en el Congreso se enfrió la moción de censura para remover a Francos. En la oposición hay quienes no están dispuestos a llegar tan lejos, y es por eso que los votos (en el Senado se necesitan 37) hoy no están garantizados. En el debate de este miércoles, el único que pidió avanzar fue el camporista Mariano Recalde, en campaña para renovar su banca por CABA.
Por lo pronto, la oposición se encolumnó este miércoles detrás de un proyecto mucho más “light” que presentó sobre la hora el senador Martín Lousteau para declarar un rechazo al decreto que promulgó la emergencia en discapacidad (681/25). Aunque no tiene efectos prácticos, la iniciativa funcionó como advertencia del Congreso para que el Ejecutivo implemente las leyes.
En su proyecto, que se encaminaba a ser aprobado al final de la sesión, Lousteau rescató un antecedente difícil de rebatir para el Gobierno: recordó que en el proyecto de Régimen Penal Juvenil (baja de edad de imputabilidad) que envió Milei al Congreso a mediados del año pasado (firmado, entre otros, por Francos) se facultaba al jefe de Gabinete a “reasignar partidas” para cumplir con la ley. Lo mismo que ahora propone la oposición para financiar las prestaciones y pensiones por discapacidad.
“Como no tenemos Presupuesto hace dos años, todo lo que el jefe de Gabinete está haciendo es reasignar partidas”, razonó Lousteau, y agregó que Francos “no puede elegir cuáles leyes ejecuta y cuáles no”. El senador y candidato a diputado también sostuvo que “lo más grave de esta lesión institucional es la lesión que se le hace a la sociedad”.
Por su parte, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, comparó el costo de la ley universitaria con la “estafa” de las retenciones al campo, que fueron eliminadas para incentivar la liquidación de divisas y reinstauradas tres días después, cuando se alcanzó el objetivo de U$D 7.000 millones.
“Según los rectores, el costo básico funcionamiento es de $7,3 billones. En la cadena nacional por el Presupuesto, Milei dijo que iba a mandar un aumento para universidades y salud. Es falso. Va a mandar $4,9 billones. Y si hacemos la cuenta, miren qué simbólico: la diferencia nos da un poquito más de $2 billones. ¿Y de cuánto fue la estafa de las retenciones? De $2,1 billones... casi la misma cifra que le hubiera dado la tranquilidad a más de dos millones de argentinos que estudian y quieren progresar, argentinos que no están en el narco como algunos candidatos, ni en la joda financiera como los ministros, ni en el curro y la corrupción como los Menem”.
Solo dos senadores defendieron los vetos, y una fue la cordobesa Álvarez Rivero. “No estamos discutiendo aquí que los chicos no están aprendiendo a leer ni escribir en primer grado. No estamos discutiendo aquí que, de los que logran terminar la secundaria, que apenas son la mitad, solo el 10% alcanza los conocimientos mínimos en matemática y lengua. No estamos discutiendo aquí el abandono escolar, que en Córdoba implica 150.000 adolescentes que están fuera de la secundaria según el INDEC”, argumentó.
La ley de financiamiento universitario apunta a recomponer los salarios docentes y no docentes al mes de diciembre de 2023 y garantizar acuerdos paritarios hacia adelante por encima de la inflación, además de actualizar los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. También para el Garrahan se busca resolver el atraso salarial y asignar partidas de manera prioritaria e inmediata.