La Cámara de Diputados aprobó y envió para su tratamiento al Senado un proyecto que busca agravar en un tercio las penas mínimas y máximas por delitos y agresiones cometidas contra docentes, médicos, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas.
La iniciativa, aprobada por amplia mayoría y sin debate -ya que fue incluida dentro del paquete de proyectos "sin disidencia ni observaciones"-, se acordó en la Comisión de Legislación Penal, que conduce la jujeña radical Gabriela Burgos, en base a una decena de propuestas presentadas por diputados de diferente extracción política.
La propuesta no permite la excarcelación, ya que eleva la pena a tres años "cuando el daño por la lesión produce una enfermedad incurable, la pérdida de un sentido, un órgano o la imposibilidad de seguir desarrollando el trabajo".
"Las penas se aplicarán cuando el delito se cometa contra una embarazada, un adulto mayor de 70 años o un menor de 18, una persona con discapacidad o personal de la salud y la educación en el ámbito de sus funciones", detalla el texto.
