¿Avanzará el oficialismo en la votación de leyes por videollamada a riesgo de impugnaciones y pedidos de inconstitucionalidad? ¿Sostendrá la oposición su postura inquebrantable de una sesión presencial a riesgo de que se generen focos infecciosos de coronavirus?
Por ahora, el Congreso sigue sin sesionar desde que empezó la cuarentena y se dispuso el cierre de las fronteras exteriores e interprovinciales. La última sesión de los diputados fue el 27 de febrero y la de los senadores, el 12 de marzo.
Ambas cámaras vienen realizando reuniones de comisiones, pero sólo informativas (en general, para escuchar a funcionarios del gobierno de Alberto Fernández); es decir, sin debatir proyectos de ley ni emitir dictámenes.
En este contexto de discordia, el acuerdo político asoma como solución: los presidentes de bloque de la Cámara Baja acordaron este jueves que la semana que viene mantendrán una reunión cara a cara, presencial, en Buenos Aires, con el fin de definir el formato y los contenidos de una posible sesión.
Este jueves, en la primera reunión de la comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, los diputados acordaron avanzar en un protocolo de sesión remota.
El miércoles, Juntos por el Cambio le había pedido por nota al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que convoque a una sesión presencial para la semana próxima. Fue una presión directa, porque el titular de la Cámara tiene la obligación de convocar a una sesión si recibe un pedido formal con las firmas de al menos diez diputados.
Massa tiene la idea fija de que la sesión debe ser por videoconferencia e hizo saber que ya tiene lista una aplicación para que se pueda realizar sin que ningún diputado se mueva de su casa. Juntos por el Cambio duda la seguridad y la eficacia del software.
En la Cámara Alta, el oficialismo aumentó la presión sobre la Corte Suprema de Justicia, que a pedido de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, debe pronunciarse sobre si es legal o no que se sesione por videollamada.
Con el rechazo de Juntos por el Cambio y ante un posible fallo adverso del máximo tribunal, la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta, Graciana Peñafort, golpeó la mesa y planteó un interrogante con crudeza: "Supongamos que la Corte no hace lugar al pedido y por algún motivo se decide que vengan, y se muere un senador por coronavirus. ¿Quién es el culpable?".
Mientras se aguarda una definición de la Corte, Cristina Kirchner analiza avanzar en una propuesta para modificar el reglamento de manera virtual pero no descarta una sesión en forma presencial.
El reglamento de Diputados determina que para poder sesionar fuera del recinto se requiere una razón de fuerza mayor. El del Senado alude a una situación "gravedad institucional". Una pandemia se encuadraría en ambas figuras, creen en el oficialismo y también en parte de la oposición: para la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, el reglamento otorga la posibilidad de sesionar acudiendo a la tecnología.
Para Peñafort, “en el caso de Diputados, la fuerza mayor se puede demostrar, porque un legislador puede acreditar que no puede viajar”, ya que están las fronteras cerradas, “pero la gravedad institucional, el requisito que pone el Senado, es un concepto jurídico”, y es por eso que, según dijo, se le pidió a la Corte “que lo resuelva”.
El martes, el procurador general, Eduardo Casal, dictaminó que "no es competencia originaria" del máximo tribunal tratar "la validez legal" de las sesiones del Senado por videollamada. La opinión del procurador no es vinculante pero implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar.
En este contexto, el senador por Córdoba Ernesto Martínez (Frente Cívico) se pronunció a favor de "reformular el reglamento, con la sensatez y con la prudencia que requieren los acuerdos políticos".
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
