El viernes pasado, la Justicia Federal imputó a un joven de 21 años, que viajó al país en un Buquebus proveniente de Colonia, sabiendo que tenía Coronavirus y manifestando síntomas.
Junto a él, se trasladaban otros 19 tripulantes y 404 pasajeros. Una de ellas -que hoy está en cuarentena- asegura que el infectado no solo se movía libremente por el barco, sino que incluso había ido al free shop.
Según trascendió, el Gobierno de la Ciudad demandará al acusado por 700 mil dólares, debido a los daños y perjuicios que generó.
Es que, para evitar el contagio y la propagación del virus, debió montarse un enorme operativo sanitario y de contención. Este contempló atención en el puerto, suministro de combis, traslados, alquiler de habitaciones de hotel para mantener en cuarentena a posibles infectados, servicios médicos y de alimentación. Algunos pasajeros directamente fueron llevados al hospital.
En otras palabras, este acto de irresponsabilidad ciudadana derivó en una serie de gastos económicos, de infraestructura, sanitarios y de recursos humanos, que son fundamentales para la crisis sanitaria por la pandemia en curso.
La empresa Buquebus decidió cancelar momentáneamente sus servicios: incluso dos viajes de repatriación de argentinos y uruguayos a sus respectivos países, previstos para los días 20 y 21 de marzo.
El imputado fue trasladado al Sanatorio Agote, donde quedó detenido. Los cargos que enfrenta implican penas de hasta 15 años de prisión, por propagación de un virus contagioso y peligroso. Fuentes judiciales aseguran que se evalúa un embargo preventivo.
