El debate sobre el aborto se avivó este martes en Colombia a raíz de la interrupción de un embarazo de siete meses de una mujer que alegó problemas de salud mental, a pesar de la oposición de su expareja que intentó impedirlo hasta último momento.
"No me siento bien, ni preparada para asumir un parto", dijo la chica de 22 años a medios locales en Popayán, capital del departamento del Cauca, en el suroeste del país, donde se le practicó el aborto en una clínica de la entidad privada Profamilia.
Por su parte el padre, Juan Pablo Medina, respaldado por las iglesias católica y evangélicas, así como por organizaciones pro-vida argumentó que este caso no cumple con ninguna de las tres causales que contempla la Corte Constitucional para hacer el aborto.
"Es una situación que yo no me esperaba, era un ser que fue planeado y lo estaba esperando con todo mi amor. En este momento no se nada del bebé, no se dónde estará el cuerpo", dijo Medina a periodistas y pidió que le sea entregado el feto para "darle cristiana sepultura".
En 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos en de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando la gravidez es producto de violación o incesto, sin límite de meses de gestación, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina.
Dichas causales fueron ratificadas por el mismo tribunal en 2018 y a ellas se apegó Medina para tratar de impedir el aborto de su hijo dado el avanzado estado de gestación y al que incluso ya le había dado el nombre de Juan Sebastián.
Profamilia, que promueve el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, confirmó en Bogotá que, de acuerdo con la ley, se efectuó la interrupción voluntaria del embarazo de la joven, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional.
"Profesionales atendieron a la señora identificando y certificando que se encontraba bajo una de las tres causales despenalizadas. Los profesionales ofrecieron asesoría integral sobre distintas opciones a cuales ella tenía acceso y con las cuales contaba", dijo en unas rueda de prensa la directora ejecutiva de Profamilia, Marta Elena Royo.
El caso avivó el debate sobre el aborto en el país, abierto hace unas semanas por la demanda interpuesta ante la Corte Constitucional por la abogada Natalia Bernal quien solicitó que revise sus sentencias y prohíba el aborto en todos los casos.
