La Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo lugar a un recurso de queja interpuesto por la Defensora Pública Dolores Crespo, instó al Estado provincial a que resuelva los problemas habitacionales que presenta una vivienda ocupada por una mujer de 63 años y sus dos nietos, uno de ellos en situación de discapacidad.
La Defensora oficial inició un amparo contra la Provincia de Río Negro confirmando que en la vivienda "existía riesgo, actual e inminente de colapso de techos y electrificaciones de paredes". Por lo tanto, la jueza de familia admitió el amparo instaldo al IPPV a que resuleva la poblematica habitacional en el término de 30 días.
La decisión fue tomada con el carácter de evitar "el riesgo en la vida y en la salud de quienes la habitan", el Estado apeló y el trámite continuó en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, según indicó Delimetro.
De esta forma, y luego de analizar pormenorizadamente la sentencia del STJ se determinó que "la conducta omisiva del Estado provincial vulnera los derechos constitucionales invocados por los recurrentes", detallando que ellos son una mujer separada de 63 años y sus nietos (cuya madre falleció) uno de ellos con un padecimiento mental que a discapacidad que lo inhabilita en un gran porcentaje para desarrollar su vida laboral.
