Este viernes, legisladores tucumanos firmaron un decreto que busca prohibición de los abortos inclusive en casos de violación. Por ese motivo, diputados de diferentes bloques del oficialismo y de la oposición presentaron un proyecto que penaría de 3 meses a 1 año de prisión para quienes ejerzan violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o profesionales de la salud.
Además, establece de 1 a 3 años de prisión si esas acciones tuvieran como objetivo impedir una práctica de interrupción legal de un embarazo en casos no punibles.
El proyecto busca incorporar un artículo en el Código Penal para "tipificar una conducta que, si bien puede verificarse en muchos ámbitos, reviste particular importancia en la actividad médica, donde diariamente se ponen en juego la salud y la vida de las personas".
La misma pena será aplicable a quienes organicen acciones de ese tipo, o convoquen a través de cualquier medio a realizarlas, o publiciten tales convocatorias.
En los fundamentos, los diputados sostuvieron que la propuesta busca "contemplar como un agravante, además del peligro de vida, a las situaciones en que la conducta tipificada se vincule con los casos en que una persona gestante recurra a un establecimiento médico para la práctica de una interrupción legal de un embarazo", reglamentados en diversos protocolos aprobados en distintas provincias y en la ciudad de Buenos Aires.
El proyecto fue presentado por el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, donde se desarrolló el debate por la legalización del aborto.
