La causa de las pensiones truchas que otorgaba la oficina de Anses en Santiago sumó tres nuevos imputados a pedido del fiscal Pedro Simón, que está al mando de la investigación.
Los empleados César Ramón Herrera, María Marcela Serrano y Pedro Omar Cura, verificadores de la Anses, están acusados de los siguientes delitos: "Incumplimiento de los deberes de funcionario público atento el carácter de los imputados y la naturaleza funcional de sus infracciones a títulos de autores, defraudación a la administración pública a título de partícipes necesarios y falsedad ideológica realizado por funcionario público".
"Contribuyeron a generar una legalidad o regularidad aparente de los expedientes administrativos en los que interviniendo, deviniendo a la postre un aporte necesario para que sean otorgados los beneficios de pensión derivada", afirmó Simón.
La tarea de estos tres empleados era verificar con informes socioambientales y testimonios, si era real la convivencia entre el jubilado o la jubilada muerta y el beneficiario de la pensión.
El martes 10 de julio deberán comparecer ante el juez federal Guillermo Molinari, que los indagará respecto a estos delitos de lo que están acusados, informó El Liberal.
