La imputación a Apullán por las escuchas a Pullaro ya tiene fecha

El fiscal es acusado de falsear el contenido de la solicitud de intervención telefónica a la línea del funcionario provincial. En la causa ya está imputada María Laura Martí.

La imputación a Apullán por las escuchas a Pullaro ya tiene fecha
Roberto Apullán será imputado el 30 de octubre por las escuchas a Pullaro\u002E (Archivo)

Roberto Apullán, fiscal del área de flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Santa Fe finalmente será imputado el próximo 30 de octubre por la intervención al teléfono oficial del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.

El caso está a cargo de los fiscales de la ciudad de Rosario, Juliana González y Gustavo Ponce Asahad. Ambos investigan a su colega por la divulgación de las escuchas telefónicas que fueron interceptadas en el marco de la causa "Horas Ospe", que investiga irregularidades en las horas extras de la policía provincial.

Vale destacar que en la causa ya está imputada la fiscal María Laura Martí, a quien le atribuyeron tres delitos: "falsedad ideológica","incumplimiento de los deberes de funcionaria pública" y "abuso de autoridad".

Tanto González como Ponce Asahad creen que su colega santafesino falseó el contenido de la solicitud de intervención telefónica que fue presentada el 29 de septiembre del 2017 al juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, el cual otorgó luego el permiso para intervenir el teléfono del ministro Pullaro.

Por su parte, los fiscales acusaron a Martí por haber omitido informarle al magistrado de primera instancia que ese teléfono era una linea oficial del gobierno provincial y que justamente era utilizada por el titular de la cartera de Seguridad. En este aspecto, González y Ponce Asahad cosideraron que la fiscal actuó de manera "abusiva y arbitraria" de la función pública.

En la audiencia imputativa que se va a celebrar a fin de mes deberá estar presente el ministro de Seguridad provincial el cual se constituyó como querellante por medio de su abogado particular, Pablo Cococcioni.