"En general los jueces de Santa Fe están rechazando los pedidos de excarcelación", planteó este miércoles el secretario de Justicia de Santa Fe Gabriel Somaglia al ser consultado sobre la polémica de permitir prisión domiciliaria para detenidos que forman parte de la población de riesgo, postura que divide aguas en la opinión pública.
Según el funcionario que depende del Ministerio de Gobierno en la administración de Omar Perotti, "el número aproximado de excarcelaciones en territorio provincial por coronavirus no alcanza al 10 por ciento de todos los pedidos que a su vez se enmarcan en los grupos vulnerables".
"Me refiero a internos mayores de 60 años y próximos a cumplir condena, siempre que los delitos no trasunten los homicidios agravados, o sean ofensores sexuales", expresó Somaglia en contacto con Radio 2. Dentro de los grupos de riesgos que pueden ser pasibles de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria también están "las embarazadas o madres con hijos menores a 5 años, o personas que demanden algún tratamiento específico por su salud".
Con sus declaraciones, el secretario de Justicia intentó diferenciarse de aquellos que están a favor de las salidas de los presos de los establecimientos penales. "Sacar a un detenido y trasladarlo a un ámbito domiciliario genera que muchas veces el riesgo de contagio sea mayor", planteó, haciendo referencia a las condiciones de los domicilios de muchos de los integrantes de la población carcelaria.
Somaglia manifestó además que "los jueces santafesinos han extremado la prudencia y la razonabilidad" en relación a la aceptación o no de los habeas corpus presentados por las defensas de muchos de los condenados.
"No debe estar en juego la libertad y la morigeración de la pena, sí en cambio extremar las medidas que tengan que ver con la seguridad de la población y dentro de la población están los que han delinquido y están en una situación privada de la libertad", argumentó el hombre que se desempeña dentro del Ministerio de Gobierno y habló del "esfuerzo del estado para que precisamente los internos y el personal del servicio penitenciario estén lo más protegidos posible".
