Los pases de factura en torno a las políticas de seguridad de parte de las actuales autoridades provinciales a la gestión socialista siguen a la orden del día. Si bien el más vehemente suele ser el ministro Marcelo Sain, ahora funcionarios de segunda línea son los que se encargan de marcar las diferencias. el actual secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Héctor Acuña, acusó la anterior gestión de "no tener voluntad política para instalar inhibidores de señal en las cárceles".
"Ya se tomó la decisión política de sacar esos aparatos de las cárceles de Santa Fe", mencionó Acuña a la hora de sintetizar las acciones que se vienen realizando en los establecimientos penales de "la bota". El responsable de los centro de reclusión dijo incluso que desde su asunción "se han incautado por lo menos 500 dispositivos móviles".
"No tengo la menor duda de que cualquier fiscal podrá hacer una alta ponderación de nuestra gestión, si la compara con la anterior", se vanaglorió el funcionario, luego de que en la audiencia en la que se imputó a Fernando F. por el ataque al Centro de Justicia Penal, se estableció que tenía contacto telefónico con Orlando "Toro" Escobar, condenado a once años de prisión por homicidio, en la preparación de balaceras contra edificios institucionales con miras a presionar para lograr cambios en las condiciones de alojamiento de detenidos.
Sin entrar a polemizar con el fiscal Matías Edery que logró demostrar que Escobar empleada un teléfono desde su celda, Acuña dijo que el problema de los celulares en las cárceles se inició durante la gestión del Frente Progresista.
"Hay una política clara en ir en esa dirección, sacar los celulares de las cárceles de Santa Fe. No somos infalibles, pero la decisión política ya la tomamos", insistió el funcionario en declaraciones a LT8.
