Alineado con lo que han dispuesto otros jefes comunales del país y legisladores, el intendente Emilio Jatón impulsó este jueves un plande austeridad y transparencia en la administración de los recursos municipales.
El programa fue presentado ante los concejales que fueron convocados para trabajar junto al Ejecutivo en la implementación de las medidas que alcanzan a diferentes áreas. La inciativa fue promovida por decreto y las acciones incluyen desde la venta de bienes muebles innecesarios o inútiles, congelamiento de salarios a limitaciones a los gastos del funcionariado.
"Queremos generar una eficiencia y ahorro en los recursos públicos. Queremos que nuestras acciones se hagan con transparencia. Queremos dar el ejemplo de austeridad desde el intendente para abajo. ¿Por qué? Porque ese es un punto de partida para la Santa Fe capital abierta y plural que soñamos", destacó Jatón.
"No nos interesa tener un auto para la intendencia, con el mantenimiento que implica, si me puedo mover en el mío. Desde esos gastos chicos hasta otros más grandes como los contratos excesivos, hay que revisarlos. Las cosas se tienen que hacer bien y tenemos que dar el ejemplo”, cerró.
Las medidas punto por punto
-Congelamiento de salarios. Se congelan por 180 días corridos los salarios del intendente y de los titulares de secretarías y cargos asimilados salarialmente, Fiscalía de Estado, subsecretarías, direcciones, subdirecciones y coordinaciones ejecutivas.
-Funcionarios políticos. Se limita el gasto originado por las autoridades superiores y personal de gabinete municipal: se suspende el régimen de viáticos; se establece un tope máximo en telefonía celular y si el funcionario supera ese monto quedará a su cargo; y se prohíbe el uso de la movilidad municipal para fines distintos a las tareas públicas.
-Trabajadores municipales. Rige la misma disposición para todos los trabajadores municipales que usen telefonía o movilidad. Y además se establece como "falta grave" utilizar rodados de la Municipalidad para fines personales.
-Inmuebles. Se revisará la totalidad de los contratos de alquiler que está pagando la municipalidad actualmente. Al mismo tiempo se revisarán los contratos celebrados con organismos públicos o privados mediante los cuales la municipalidad ha cedido el uso o goce de inmuebles de su propiedad facultándose a las secretarías de Gobierno y de Hacienda a rescindirlos. Todo esto a los fines de reubicar las dependencias municipales en lugares propios y reducir costos innecesarios. Para el caso de alquileres que debieran continuar, se establece un tope del 30% de aumento en los montos contractuales.
-Bienes muebles. Se instruye la venta o subasta de bienes muebles "inútiles, innecesarios o inconvenientes económicamente", según lo dispone la ordenanza N° 10.610.
-Pago de deuda. Lo recaudado de esa venta o subasta se destinará al pago de deuda consolidada, priorizando a proveedores que sean pequeñas y medianas empresas.
-Contrataciones. Se elaborará un programa de reformulación de procesos en materia de contrataciones, con reglas claras de selección de proveedores. Se pondrá la lupa en el procedimiento de "contrataciones descentralizadas", para garantizar que el costo pagado por el mismo servicio o producto sea coincidente en cada secretaría. Se fija así un control real y efectivo sobre la ejecución del gasto.
-Energía. Se elaborará un programa de eficiencia energética en los edificios públicos municipales para reducir gastos en ese rubro.