El escándalo por el vacunatorio clandestino en San Rafael se acalló puertas afuera pero hacia adentro del Ministerio Público Fiscal, la investigación continúa a paso firme.
Por estas horas el fiscal Javier Giaroli está a la espera de los informes del Ministerio de Salud con la trazabilidad de las vacunas y también las pericias de los teléfonos celulares que secuestraron.
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Estos peritajes serán fundamentales para tratar de determinar si los principales involucrados en la causa, Hugo Oscar Ochoa, el dueño de los geriátricos Renacer, junto a su esposa Teresa Chaine Salinas y el médico Rubén López cobraban por aplicar las vacunas.
Además hay que determinar a ciencia cierta de donde salieron las dosis con las que iban a inocular a la gente.
El caso salió a la luz a partir de la denuncia de Abel Freidemberg, coordinador del Ministerio de Salud en el sur mendocino.
El funcionario recibió un audio e WhastApp en el que López invitaba a vecinos a inocularse contra el coronavirus y armaba grupos de cinco personas. El sábado 12 se formuló la denuncia y el domingo 13 el fiscal Giaroli allanó la vivienda de los Ochoa a la hora de la convocatoria.
En el lugar se encontraron frascos vacíos y uno sin tocar de AstraZeneca.
El operativo dejó al descubierto el vacunatorio clandestino pero no resolvió los interrogantes y es lo que trata de dilucidar la fiscalía.
Hipótesis dando vueltas
No es ningún secreto que de las dosis entregadas a los geriátricos siempre hay sobrantes ya que los frascos con la vacuna no se pueden. Cada uno tiene cantidad para suministrar 10 dosis, por lo que si en el lugar hay menos, (ejemplo ocho personas) el líquido restante no se utiliza salvo que se devuelva.
Partiendo de ese punto, podría ser que de los tres geriátricos hubiera un resto, sin embargo los números no cuadran y en particular el laboratorio que elaboró las vacunas.
“Figuraban 37 ancianos y ellos habían convocado a 40 personas el día del allanamiento. No cierran los números por ningún lado. Además el médico ya estaba avisando que después harían lo mismo pero para aplicar la segunda dosis y con la vacuna Rusa”, lanzó una fuente allegada al caso.
“Puede haber sido una bravuconada del médico, no sería raro, sino parece que tenía acceso a la heladera del vacunatorio”, sostuvo la misma fuente.
“El sobrante tampoco explica como en uno de los informes de Salud figura que retiraron para los geriátricos vacunas Covishield y en el operativo se encontró AstraZeneca. Hay que ver todos los registros”, indicaron.
Para resolver esas incógnitas esperan por los informes que solicitaron al Ministerio de Salud a fin de determinar como primera medida a que lotes pertenecen las vacunas y así comenzar a hilar más fino.
En Salud una de las ideas que dan vueltas, que Ochoa o López hayan truchado los listados de gente haciendo uso de datos de personas que estuvieron a su cuidado y ya fallecieron o los retiraron.
Altruismo o un negocio
Si era una cuestión de altruismo simplemente o habían montado un negocio para percibir una ganancia vacunando contra el coronavirus por fuera del sistema oficial, está por resolverse.
Si bien en los audios que llegaron a la justicia en los que Rubén López invita a los vecinos a inocularse no hay mención a un intercambio monetario, nada se sabe que arreglaron cuando se contactaban por privado.
El médico tentaba a la gente para que se sumara a la convocatoria pero luego hacía los arreglos con cada uno por mensajes privados.
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El equipo de Delitos Tecnológicos de la Policía lleva adelante el peritaje de los celulares con el fin de acceder a los contactos del grupo de WhastApp y analizar cada uno de los mensajes entre ellos
“Él lo vendía como un favor pero el pedía mensajes por privado para armar las listas, ahí no se sabe si pedía dinero y cuanto valía. Si es por eso en el mercado negro valían 400 dólares las vacunas”, indicaron fuentes ligadas a la causa.
Principales imputados
Los principales implicados en la causa siguen en la misma situación, excarcelados pero imputados.
Los dueños de los geriátricos Renacer, Hugo Oscar Ochoa y Teresa Chaine Salinas enfrentan cargos, por el momento, por peculado. El cargo es que al retirar y tomar posesión de las vacunas para los ancianos que tenían en los geriátricos se convirtieron en funcionarios públicos.
En el caso de Rubén López, el médico de los institutos para adultos mayores de los Ochos, es como partícipe necesario en el delito de peculado.
