El fiscal federal Cristian Rachid pidió a la Justicia Federal que el Gobierno de San Luis se abstenga de seguir aplicando las medidas económicas que viene empleando, hasta después de las elecciones. El motivo es que, como un gran sector de la oposición, considera que este dinero tiene un fin “clientelista”.
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El pedido fue dirigido al juez Esteban Maqueda. Una denuncia de similar índole fue realizada por Juntos por el Cambio hace días.
La abogada Jimena de la Torre, integrante del Comité de Control Electoral, explicó que el fiscal dispuso una medida cautelar para impedir al Gobierno que, hasta el 15 de noviembre, no siga adelante con 3 de sus medidas:
- El pago del subsidio de 20 mil pesos al desempleo.
- El uso de los fondos rotatorios de 5 millones de pesos para cada ministerio
- La entrega de los microcréditos de 50 mil pesos.
“El fiscal entiende que están dadas todas las condiciones para trabar una medida cautelar y le pidió al juez que lo haga y lo disponga; y que le pida al Gobernador y todos los ministros que se abstengan de la utilización de este dinero”, comentó De la Torre en declaraciones a Radio Dimensión.
Por lo pronto, no se sabrá hasta las próximas horas si el juez Maqueda hace lugar a la medida cautelar o no.
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