Redacción Vía San Luis
Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes de la provincia, y presidente del club que ella misma fundó, San Luis FC, sigue en el foco por irregularidades en su gestión. No sólo por girar más de $ 300 millones al club del elenco femenino que recientemente ascendió en el torneo de AFA para jugar en Primera y que ella preside, sino que, en los últimos días de su administración, hizo otro millonario movimiento a una empresa, fuera del marco legal.
Los 300 millones que no debió destinar
La Liga sanluiseña fue intervenida por el Gobierno provincial y dicha entidad, como los clubes que participan en torneos de AFA o Consejo Federal, fueron desafiliados. Lo cual perjudicó a no solo a San Luis FC, sino a Juventud Unida, Estudiantes y las otras instituciones en torneos de ascensos, después de transferir casi 300 millones de pesos al club que preside y fundó, San Luis FC, cifra que supera el aporte del Estado a Juventud y Estudiantes en todo el 2023.
Ramírez, por su parte, contrató un abogado penalista de renombre, a la vez que se encapricha no dar un paso al costado junto a su comisión directiva. Lo cual destrabaría esta intervención del Gobierno siendo una solución al problema de los clubes en con la AFA.
Según informó El Chorrillero, la ex funcionaria “dice que no puede renunciar porque el club está intervenido. Esto no es cierto y dilata innecesariamente la situación. Renunciar como socia es desvincularse del club que ella mismo creó, pero en su obsesión por seguir cometió irregularidades que pueden tener graves consecuencias como terminar presa”.
Otra de Ramírez: adelantó 88 millones para la construcción de nuevas canchas a 7 días antes de irse del Gobierno
A 7 días de irse del Gobierno, transfirió $88 millones a una empresa
Fueron destinados a movimientos de suelo y a la instalación de un alambrado olímpico, que no existe, para dos futuras canchas en la Universidad de La Punta. Fue una contratación directa totalmente injustificada, que le valdrá otra denuncia penal.
Lo hizo en combinación con Miguel Berardo, por entonces secretario general de la Gobernación. Ambos destinaron $152 millones para hacer aquellas obras en la mencionada universidad, contratando en forma directa a la empresa MyD Construcciones SRL, que recibió por adelantado $88 millones, sólo para movimiento de suelos.
La ilegal maniobra fue detectada por la auditoría contable realizada por la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, a cargo de Ricardo Bazla, quien puso en conocimiento de los hechos al fiscal de Estado, Víctor Endeiza.
Mientras que el titular de Deportes, Gabriel Rivero, presentará la denuncia penal contra Ramírez por violación de las normas vigentes. Se suma a las que ya había recibido por las transferencias de fondo al San Luis Fútbol Club.
“La secretaría de Deportes no puede contratar en forma directa cuando la cifra supera los 5 millones de pesos. Sin embargo, Ramírez, con el consentimiento de Berardo, contrató por $152 millones y adelantó el pago de $88 millones a una empresa que no está inscripta en el Registro de Proveedores de Obra Pública de San Luis y que en su historial solamente ha hecho 19 facturaciones al Gobierno de la provincia, siempre como único cliente. No existen registros que den cuenta de los antecedentes de esa empresa constructora que se constituyó el 27 de septiembre de 2022, mientras que el Ente San Luis Deportes se creó el 21 de abril de ese año”, indicó Bazla.
“En ningún caso está acreditada la razonabilidad del precio, como ordenan las leyes de obras públicas y de contabilidad para contratar en forma directa. Por el monto debió llamarse a licitación pública, pero no lo hicieron”, finalizó el secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión.