Siete concejales de Salta y tres empleados del PAMI fueron imputados por el cobro ilegal del IFE (ingreso familiar de emergencia), un subsidio económico que el Gobierno nacional otorgó durante la pandemia para ayudar a las personas afectadas por la misma. Debido a esto, tres de los ediles no podrán ejercer sus cargos nunca más.
Estos habían sido imputados por el delito de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. No obstante, la Justicia Federal en las últimas horas dio a conocer este nuevo fallo junto a la prisión condicional establecida por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos.
De los siete fueron absueltos tres: dos de ellos -Santos Palma y Julio Pedro Laxi- fue por pedido de la Fiscalía. El tercero, Héctor Sebastián Cari, obtuvo esta medida por el beneficio de la duda.
El edil José Osvaldo Raynaga recibió un año de prisión y dos de inhabilitación por los mismos delitos en grado de tentativa, según informó El Tribuno.
Finalmente, fueron Cantarella y Cuellar quienes recibieron una pena de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una de 2 años de prisión. Ahora bien, a los tres se los inhabilitó a ejercer nuevamente el cargo de por vida.
