El año pasado la Universidad Católica de Salta anuncio el aumento de sus aranceles, e inmediatamente los alumnos comenzaron a protestar, aduciendo la imposibilidad de abonar un aumento de esas proporciones. Ante la falta de respuestas de la institución, los alumnos recurrieron a la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de Salta para buscar solución.
Las abogadas de la ONG, Iva Cresini y Emilia Calmejane, luego de constatar la falta de voluntad conciliatoria de la Universidad, presentaron un amparo colectivo ante la Justicia.
Según consigna FM Profesional, Cresini explicó que denuncian la indebida información "previa, clara, precisa y veraz" tanto a nivel presencial como la modalidad a distancia c cuando están obligados por ser un proveedor de un servicio educativo. En esta línea, aseguró que no se informó del aumento con antelación debida.
"La Universidad Católica tenía mecanismos y medios para hacerlo", manifestó Cresini, y agregó que los estudiantes aseguran que se enteraron del aumento, de hasta el 30 por ciento, por un cartel en una de las facultades. Y aseguró que esperan que salga el primer decreto del doctor Ángel Longarte en el que defina todas las normas, plazos y pasos a seguir.
