El robo de armas de fuego no es algo infrecuente en Rosario. Sin embargo, este lunes se confirmó un caso tan inusual como preocupante a partir de una denuncia sobre la desaparición de cuatro pistolas que estaban bajo custodia de personal que depende de la Corte Suprema de Santa Fe.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó el material sustraído estaba en el primer piso del edificio de barrio Hospitales. Allí trabajan quienes cumplen funciones como parte de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
La Fiscalía confirmó que el organismo dependiente del máximo tribunal provincial informó sobre la desaparición de las armas en marzo. Sin embargo, estiman que las mismas fueron vistas por última vez durante la feria de enero.
Las pistolas fueron secuestradas durante la investigación del homicidio de Matías Sosa, un joven baleado en 2018 por dos hermanos policías durante una discusión en Parque Casas. En diciembre, la Justicia condenó a Franco y Víctor Villarruel por el crimen y el fallo incluyó una resolución que finalmente no se cumplió.
Un arma recuperada de casualidad tras una persecución policial
Dos de las pistolas calibre 9 milímetros eran para uso reglamentario y debían ser devueltas al Ministerio de Seguridad de Santa Fe. En cuanto a las restantes se ordenó su destrucción, pero todo el material quedó en manos de la OGJ porque no habían presentado la documentación correctamente.
Como los papeles no estaban en orden, el MPA pidió la rectificación antes de la entrega de las armas de fuego. Desde entonces no hubo novedades hasta que la policía se topó con una de ellas tras una persecución que concluyó en el barrio Las Flores.
Cuando ingresaron a una vivienda de Flor de Nácar y calle 513, los uniformados secuestraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros que debía estar en la oficina de la OGJ. Una vez que constataron esta situación, se abrió una investigación sobre la custodia de las armas en la unidad de Violencia Institucional con la fiscal Paola Aguirre como responsable.
En paralelo con esta causa, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inició un sumario administrativo. Del lado del MPA se pidió el secuestro del material grabado por las cámaras de seguridad internas del edificio y del sitio donde s guardaban las armas.
