Mauro Icardi hizo un inesperado movimiento legal este miércoles al solicitar ante la Justicia argentina la restitución internacional de sus hijas Francesca e Isabella, con el objetivo de trasladarlas a Turquía, donde se encuentra radicado por su carrera en el Galatasaray, según confirmó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.
La medida implica solicitar la tenencia judicial, los pasaportes de las nenas y el traslado definitivo. De acuerdo al programa, Icardi dejó claro que no pretende que las niñas regresen a vivir en Argentina “bajo ningún punto de vista” una vez adoptada la decisión.
Wanda Nara, por su parte, reaccionó con gran angustia. Latorre aseguró que “está destrozada”, angustiada y hasta cuestionó la decisión, diciendo que no puede creer que Icardi busque alejarlas del país.
El juez que recibió la petición ya exigió que el rosarino informe el día exacto en que saldría del país para poder planificar el trámite. Además, se le requiere acreditar el inicio de un proceso de acompañamiento emocional para las niñas y presentar un plan con fechas y detalles del viaje.
Según la conductora, las niñas iniciarán su terapia como parte del procedimiento, y el retiro de Icardi está previsto para fines de julio, antes de comenzar la pretemporada en Turquía. Por esto, el deportista habría evitado sumarse al inicio de la gira, que comienza el 2 de julio, hasta resolver esta situación.
El pedido judicial se ampara en la Convención de La Haya sobre sustracción internacional de menores, que establece que quienes tienen su “centro de vida” en otro país pueden solicitar la restitución. Según la abogada consultada por Latorre, la medida es viable si se comprueba que ese es el caso.
Quién tiene la razón aún será evaluado por la Justicia argentina. Los criterios incluirán el bienestar emocional de las niñas, la vida escolar, su vínculo con ambos padres y la viabilidad del traslado. La resolución podría implicar que, si Wanda decide no viajar, las niñas regresen con su padre.
Por lo pronto, Icardi y Wanda están sujetos a una medida cautelar que les impide hacer declaraciones públicas sobre el caso, bajo pena de fuertes multas, según confirmó Latorre. La polémica será analizada en detalle en los tribunales y podría definir tanto la residencia de las niñas como la frecuencia del contacto con cada progenitor
