Dos hombres fueron imputados por varios casos de “usura crediticia” a personas de escasos recursos y uno de ellos por la tentativa de homicidio a un acreedor, mientras que una mujer policía quedó acusada por encubrimiento de la banda, informaron fuentes judiciales.
La investigación detectó hasta el momento siete casos de préstamos de montos bajos a personas de escasos recursos y desesperada situación económica, con tasas usurarias de hasta el 360 por ciento anual, según la acusación fiscal. La organización fue descubierta por un intento de homicidio ocurrido en agosto del año pasado, cuando los acusados fueron hasta la casa de un joven changarín al que le habrían prestado $5 mil y, al quedar sin empleo, no había podido cancelar el crédito.
Según la investigación de la fiscal Valeria Haurigot, los dos hombres se presentaron en la vivienda del asentamiento irregular en el que reside el changarín y con el pretexto de que iban a ofrecerle empelo consiguieron que saliera de su vivienda. Uno de ellos le disparó en el abdomen con un arma y le dijo que si no pagaba iba a matar a su esposa y su pequeña hija, precisaron los voceros.
La fiscal Haurigot imputó hoy a José Francisco Chavarria, un ecuatoriano de 43 años arrestado días atrás, por tentativa de homicidio y usura crediticia, agravada “por habitualidad o profesionalismo”.
También acusó a otro sospechoso, Rafael Bernal Albarracín, alias “el colombiano”, de usura. La tercera acusada del caso es una empleada policial llamada Liliana Beatriz Almada, quien intercedió en noviembre pasado ante colegas suyos que habían detenido al “colombiano” con 40 mil pesos cuyo origen no podía explicar, para que lo dejaran en libertad.
Almada fue acusada de omisión de denuncia, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y recuperó la libertad bajo fianza, dijeron las fuentes. Por su parte, el ecuatoriano Chavarria quedó imputado con prisión preventiva por 90 días por intento de homicidio y dos casos de usura crediticia, mientras que Albarracín fue acusado de cinco casos de préstamos con fines usuarios.
De acuerdo con la pesquisa, la banda distribuía volantes con ofertas de créditos en la zona del Mercado de Productores de Rosario y los préstamos, el más alto de 100 mil pesos pero algunos de 8 y 5 mil, tuvieron como víctimas a personas de bajos recursos económicos.
Para la fiscal, todos ellos pagaron “una prestación de exorbitante onerosidad y desmesurado desequilibrio contractual” con tasas anuales de hasta el 360 por ciento. Al menos en un caso, el de un préstamo de 10 mil pesos, la víctima debía cancelarlo con pagos diarios de 750 pesos.
