El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, presentó su renuncia al cargo en medio de un escándalo judicial que incluye imputaciones por extorsión, coacción y presuntos vínculos con el narcotráfico.
La dimisión fue oficializada ante el Ministerio de Justicia y entraría en vigencia el próximo 1° de julio, a la espera de su aceptación por parte del presidente Javier Milei.
La situación del magistrado se agravó en las últimas semanas, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara una resolución que ordenaba su prisión preventiva, con arresto domiciliario por 90 días. Esta medida, sin embargo, no pudo ejecutarse aún debido a los fueros que mantenía en su condición de juez.
Las acusaciones en su contra son de extrema gravedad. En una de las causas, se lo investiga por haber montado un expediente judicial falso con el objetivo de extorsionar a empresarios, a quienes les habría exigido $200.000. En otra, se lo vincula con el narcotraficante rosarino Esteban Alvarado, no solo por dilaciones en su causa, sino también por compartir el mismo contador.
Además, una tercera investigación apunta a su posible relación con maniobras irregulares en la administración de fondos de una cooperativa portuaria, canalizados a través de una mutual vinculada a un financista cercano al magistrado.
Ante este panorama, el Consejo de la Magistratura ya había citado a Bailaque a una audiencia prevista para el 17 de junio, donde se analizaría su posible suspensión y posterior juicio político. La renuncia presentada aparece como un intento de evitar ese proceso, aunque aún está en evaluación su aceptación.
También trascendió que el juez inició los trámites para acogerse a una jubilación anticipada. Esta decisión podría tener como objetivo conservar los beneficios previsionales, un recurso que en otros casos ha sido cuestionado por el propio Consejo de la Magistratura.
La dimisión de Bailaque se da en un contexto de creciente presión institucional y de descrédito público, con sectores del poder judicial reclamando su apartamiento. La resolución presidencial definirá en los próximos días si el magistrado se retira con jubilación activa o si deberá enfrentar las consecuencias políticas y judiciales de las acusaciones.
