Redacción Vía Rosario
Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe, denunció ante el Tribunal Electoral de la provincia a la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras por supuestamente no cumplir con los requisitos legales para ser convencional constituyente.
La denuncia se basa en que Oliveras, electa por el Frente de la Esperanza para participar en la reforma constitucional de Santa Fe, habría trasladado su domicilio a la provincia recién en febrero de 2025, apenas dos meses antes de las elecciones. Hasta ese momento, vivía en Córdoba, donde había desarrollado su actividad política y profesional.
Uno de los puntos centrales del planteo es que Oliveras no figuraba en el padrón electoral, lo que le impidió votar en los comicios constituyentes de abril. La Constitución provincial establece que los convencionales que no hayan nacido en la provincia deben tener al menos dos años de residencia inmediata y continua para poder ser electos.
Por eso, junto al diputado Eugenio Malaponte, Granata solicitó que se investigue si la candidatura de la exboxeadora fue legal y cuestionaron que sectores del oficialismo habrían impulsado su postulación para beneficiar políticamente al gobernador Maximiliano Pullaro. Según señalaron, la figura mediática de la exboxeadora habría sido utilizada como estrategia de marketing electoral.
Oliveras nació en Jujuy y, antes de mudarse a Santa Fe, residía en Córdoba. Actualmente, además de su rol como convencional constituyente, trabaja en la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
¿Por qué Amalia Granata denunció a Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras?
Lo acompañe a @emalaponte al Tribunal electoral de Santa Fe a impugnar el diploma de la señora Alejandra “La Locomotora” Olivera quien en forma de fraude,avalado y financiado por Pullaro y su séquito fue candidata a reformadora constituyente sin tener los requisitos que la… pic.twitter.com/ilOM3oZCqZ
— Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) June 10, 2025
Hasta el momento, Alejandra Oliveras no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia, aunque se espera que haya una respuesta en los próximos días, una vez que el Tribunal analice el planteo.
El caso ahora está en manos de la Justicia Electoral, que deberá determinar si la residencia de Oliveras cumple con lo exigido por la Constitución santafesina o si su banca como convencional corre riesgo.