Siete de los 17 detenidos hasta ahora en el marco de una investigación por extorsión, balaceras e intento de homicidio ya se encontraban presos al momento de efectuarse los allanamientos. “Otra vez volvemos a hablar del uso de aparatos celulares dentro de establecimientos penitenciarios”, dijo la fiscal del caso, Valeria Haurigot.
El próximo martes serán llevadas a audiencia imputativa 17 integrantes de una banda liderada por Alan Funes que cayó a raíz de 20 allanamientos realizados por las TOE, AIC y la Policía Federal el miércoles 23 de marzo. “Todo comenzó con el secuestro del celular de la hermana de Alan Funes que permitió reconstruir una historia delictiva de mucho tiempo, aclarar balaceras y una tentativa de homicidio”, dijo la fiscal.
El operativo concluyó con el secuestro de armas de fuego, dinero en efectivo y la detención de 17 personas, siete de las cuales ya estaban privadas de su libertad en otras causas. Entre ellas figura el propio Funes, que pese a estar preso en el penal de Ezeiza, seguía impartiendo órdenes para cometer hechos delictivos y administrar búnkers de droga.
“También identificamos a quienes trabajaban para él, ya no como una banda narcocriminal sino también en la comisión de extorsiones, que habían aumentado mucho en el último tiempo”, dijo Haurigot y agregó que el entrecruzamiento de investigaciones permitió la recolección de evidencia de peso para avanzar en las imputaciones.
“Más allá de la venta de droga, esta banda tenía un enorme poder de fuego, y otra vez nos planteamos el tema de los celulares en las cárceles, porque siete de sus integrantes ya estaban detenidos por otras causas”, manifestó. Además, hay cinco prófugos con orden de captura.
