Este miércoles autoridades del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal firmaron un convenio para realizar un trabajo conjunto que permita la aplicación, la gestión y el control de reglas de conducta en los casos en los que se suspende el proceso penal o la ejecución de la pena
"Es solamente para quienes hayan cometido delitos menores”, detalló el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silberstein.
Y aclaró que está relacionado con "aquellos supuestos en los que se suspende el proceso penal o la ejecución de la pena, con la posibilidad de que las personas involucradas puedan realizar tareas comunitarias y educativas, tratando de integrarlas y de que no vuelvan a cometer un delito".
El Programa de Gestión y Control de Reglas de conducta se implementa en el ámbito de la dirección provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria que depende de la subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su principal objetivo es trabajar por la inclusión social de personas en conflicto con la ley penal para evitar la reincidencia en el delito.
"Actualmente hay 4000 personas en la órbita de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de las cuales aproximadamente el 40 por ciento podría hacer uso de este convenio", precisó Silberstein.
Por su parte, el fiscal regional Jorge Baclini sostuvo que se "aplicarán reglas de conducta particularizadas y se permitirá establecer un mayor control y una mejor incorporación de la persona a un plan adecuado que determina la dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria. Esto significa que las reglas de conducta son específicas al tipo de delito que se ha cometido".
"Vamos a generar controles más específicos y puntuales, algo que desde siempre fue uno de los objetivos, porque si no parecería que la pena -aún cuando haya caído en suspenso o cuando haya sido una probation queda sin la posibilidad de un control puntual", explicó.
