Proponen que "Los Monos" asistan a la apelación de sus condenas por teleconferencia

La iniciativa se refiere al debate en segunda instancia sobre las penas dictadas en abril pasado.

Algunos de los condenados están alojados en cárceles de otras provincias. (Archivo)
Algunos de los condenados están alojados en cárceles de otras provincias. (Archivo)

A tres meses de la sentencia que marcó el cierre del juicio oral y público a "Los Monos", el Ministerio de Seguridad provincial empezó a trabajar sobre las medidas para el trámite de las apelaciones a las altas condenas dictadas por la Justicia, cuyos magistrados fueron víctimas de diferentes amenazas posteriores al fallo.

Si bien aún resta el sorteo para conformar el Tribunal que revisará la resolución firmada por Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga, funcionarios del Ejecutivo avanzaron junto a sus pares del Poder Judicial este martes durante una reunión para tratar de atender los reclamos de mayor seguridad para las partes involucradas.

El dato más saliente del encuentro inicial fue la propuesta de que los acusados sigan la audiencia por teleconferencia, empleado un sistema que fue instalado entonces por la Corte Suprema. La medida buscaría así evitar el traslado de Jorge Emanuel Chamorro y Ariel Máximo Cantero hijo, quienes desde hace más de un mes están alojados en penales federales de otras provincias.

El envío de "Ema" a la cárcel de Rawson y de "Guille" a las instalaciones de Resistencia se resolvió poco después de los tiroteos contra viviendas en las que había residido Manfrín, presidente del tribunal que los condenó junto a otros miembros de la asociación ilícita.

Desde entonces hubo otras balaceras similares en propiedades vinculadas a Juan Carlos Vienna, el juez encargado de la instrucción de la causa 913/12 y el procesamiento de 36 personas en febrero de 2014. La semana previa a la reunión antes mencionada, el Gobierno provincial había ofrecido instalar vidrios blindados en las aberturas de los inmuebles que actualmente ocupan los funcionarios judiciales afectados al proceso penal sobre la banda narcocriminal.