El Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmó esta semana que ya son 700 los policías pasados a disponibilidad, tanto en aquellos casos que involucran casos de corrupción dentro de la estructura de la fuerza como los ligados al narcotráfico y homicidios, entre otros delitos.
Mientras espera que el Senado provincial habilite la reforma para agilizar los procesos de desvinculación o reincorporación de los agentes involucrados, en la Casa Gris estiman que la cantidad de uniformados en esa condición representa un gasto de 10 millones de pesos mensuales para cubrir el 75% del salario que le corresponde a cada persona por ley.
El secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, David Reniero, recordó que ya hay un centenar de destituciones en curso, pero remarcó que "el trámite es muy lento, sobre todo en los casos graves o en el que el personal ha sido sorprendido en flagrancia".
Más allá de las demoras burocráticas, el funcionario aclaró ante la consulta del diario Rosario/12 que el Ejecutivo pretende mantener el régimen de sanciones internas de la fuerza y pidió "celeridad en los casos graves". Asimismo, desde la Provincia indicaron que las resoluciones llevan hasta una década de espera en algunos casos.
