La Justicia rosarina le ordenó a la Municipalidad que modifique las sanciones para locales gastronómicos por infracciones. La resolución surgió a partir de una demanda de vecinos de Pichincha, donde la nueva gestión prepara nuevas medidas de control en la zona.
La disputa legal sobre el funcionamiento de los comercios del barrio no es la única que se libra en Tribunales. Sin embargo, el fallo avanza un paso más allá de la cuestión de las habilitaciones y advierte que no es eficaz el mecanismo actualmente vigente para "reprimir el incumplimiento de la normativa analizada".
La acumulación de diferentes actas labradas sobre los mismos establecimientos es uno de los aspectos en los que se centró la decisión del juez Pedro Boasso. El magistrado se inclinó por hacer lugar parcialmente al recurso contencioso administrativo solicitado en la causa por la reiteración de faltas y planteó que el Ejecutivo debe lograr "un verdadero efecto disuasorio a los fines de que las mismas no se repitan".
"El necesario control administrativo no se satisface con meras declaraciones o con la emisión de resoluciones u ordenanzas sino con la efectivización real y concreta de las decisiones administrativas correspondientes", planteó el funcionario judicial. Por otra parte, advirtió que "la actividad de contralor debe ser sostenida en el tiempo, ya que no puede depender de hechos contingentes o circunstancias particulares siempre cambiantes".
En paralelo con el fallo que fija un plazo de 120 días para que el Ejecutivo acate la orden, el intendente Pablo Javkin anticipó que impulsarán una nueva "experiencia" en Pichincha este fin de semana.
Como consigna preliminar, el titular del Palacio de los Leones se refirió a la necesidad de "integrar los cuerpos" de Tránsito, Control Urbano y la GUM para lograr una "presencia unificada" tanto en este barrio como en la costanera durante la temporada de verano. Así subrayó que el trabajo del personal se reforzará según los horarios para ordenar el movimiento.
