Pasados tres meses desde el resonante allanamiento en la sede de la Unidad Regional XVII, la Justicia provincial decidió este lunes prorrogar el régimen de prisión preventiva para el exjefe de la Alcaidía de San Lorenzo. La Fiscalía investiga a José Budiño por una decena de hechos en los que figura como el cobrador para darle ciertos beneficios a los detenidos.
Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que la medida cautelar se mantendrá durante otros 60 días. De esta manera fue desestimado el pedido de la defensa para liberar al comisario, quien estuvo en libertad algunas semanas después del operativo por el que el caso se hizo público a principios de agosto.
En uno de los episodios más inusuales que figuran en el expediente a cargo del fiscal Aquiles Balbis, otro policía preso pidió permiso para ir al banco a buscar la plata que debía pagarle a Budiño para conservar sus privilegios ilegales. Según detalló Pregón, el encargado de las dependencias recibía entre 1.000 y 5.000 pesos semanales para acceder a elementos de higiene, aunque también existía una suerte de circuito extorsivo dentro de las instalaciones.
De acuerdo a las pruebas recabadas por el MPA, el entonces jefe de la Alcaidía también exigía dinero bajo amenaza de llevar a los presos a un patio en el que otros internos les pegaban. Al mismo tiempo, una suma más alta de efectivo les abría una puerta vip a una celda en la que tenían wifi, preservativos, horno eléctrico y hasta una parrilla, entre otros objetos.
